El PP debería hacer algo más que conformarse con la dimisión de Carlos Mazón, máxime después de las informaciones que vamos conociendo que lo sitúan más cerca del banquillo y que muestran que el presidente de la Generalitat estuvo informado desde el primer momento de la gravedad de la situación en las poblaciones afectadas por la dana. Pese a ello, continuó de sobremesa sin mostrar la más mínima preocupación hasta pasadas las ocho de la tarde cuando finalmente llegó al Cecopi. Tenía conocimiento de que había personas fallecidas y, en lugar, de asumir su responsabilidad como presidente de los valencianos continuó de comida en El Ventorro.
Las víctimas tienen razón cuando reclaman al nuevo presidente de la Generalitat, Juanfan Pérez LLorca, que exija a Carlos Mazón el acta de diputado. Este mismo periódico fue más allá en el editorial que publicó hace unos días,planteando incluso su expulsión del partido.
Poco ayudan las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo al afirmar que el señor Mazón ha dicho “aquello que considera que es verdad”. La verdad no admite versiones: es solo una.
Es evidente que no puede iniciarse una nueva etapa, como pretende Pérez Llorca, con Mazón sentado en el Parlamento valenciano. Y del mismo modo, es necesario exigirle responsabilidades políticas a Pilar Bernabé como secretaria de Igualdad, después de que su partido haya silenciando el caso de Paco Salazar.
No fallaron los protocolos. Sencillamente, no se les hizo caso.
Gracias a elDiario.es -que no es precisamente sospechoso de pertenecer a la derecha mediática ni a la fachosfera -y al trabajo de Esther Palomera y José Enrique Monrosi, hemos sabido que, pese a conocer las conductas vejatorias y humillantes de presunto acoso sexual contra compañeras del partido por parte de quien hasta hace pocos días era el adjunto de la nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, el partido optó por proteger a Paco Salazar en lugar de escuchar a las víctimas y actuar en consecuencia.
El PSOE, que ha hecho bandera del feminismo y de la defensa de los derechos de las mujeres, atacando con contundencia a otros partidos cuando estos han gestionado mal situaciones similares, no puede mirar ahora hacia otro lado. Si es cierto, como he leído, que ha prohibido a las denunciantes que hagan declaraciones a los medios de comunicación, la situación resulta doblemente grave.
Del mismo modo que al PP se le exige depurar responsabilidades al más alto nivel por la gestión de la DANA, el PSOE debe explicar qué ocurrió, por qué no se atendió a las víctimas y por qué, según las informaciones publicadas, quienes denunciaron comportamientos presuntamente vejatorios fueron ignoradas. La regeneración democrática no entiende de colores: se acredita con hechos, no con discursos.
