Ni siquiera en los peores tiempos del Partido Popular se vivió un momento tan degradado de la política nacional a todos los niveles. Se han superado con creces los escándalos de corrupción que acabaron con el Gobierno de Mariano Rajoy y que llevaron a Pedro Sánchez a ganar la moción de censura defendida por José Luis Ábalos, hoy en prisión.
La corrupción afecta al entorno familiar del presidente del Gobierno, con su mujer y su hermano imputados y a dos ex secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, investigados por el presunto cobro de comisiones ilegales.
Cada día nos despertamos con un nuevo escándalo que afecta a personas muy cercanas a Pedro Sánchez, como es el caso de Paco Salazar, denunciado por acoso sexual por compañeras del partido. Hechos que eran conocidos desde hacía varios meses y, que sin embargo, fueron silenciados por el PSOE.
El socialismo que ha hecho bandera del feminismo y de la defensa de los derechos de las mujeres, atacando de forma sistemática al resto de partidos, atraviesa hoy un profundo problema de credibilidad. No se puede erigir una superioridad moral mientras se tapa o minimiza comportamientos que se condenan públicamente cuando afectan a otros.
Los socios parlamentarios continúan sosteniendo a Sánchez, pese a las críticas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha pedido una remodelación total del Gobierno. Pero no estamos ante un problema de personas ni de cargos sino de principios. Y el sanchismo ha demostrado carecer de ellos.
La situación es de una gravedad absoluta y exige explicaciones inmediatas, claras y contundentes por parte del presidente del Gobierno que no se resuelven únicamente con la mera expulsión del partido de quienes vulneran derechos fundamentales básicos.
A ello se suma el ataque constante a la judicatura, poniendo en riesgo la división de poderes, uno de los pilares fundamentales del estado de Derecho. Se acusa a los jueces de “golpismo judicial”, o de ser “fachas con toga” tras resoluciones que no son del agrado del poder político, como la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la revelación de secretos relacionados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, utilizando a una institución como es la fiscalía para atacar a un rival político. Del mismo modo se desacredita a los medios de comunicación calificándolos de propagadores de bulos y fake news, cuando ha sido precisamente el trabajo periodístico el que ha permitido destapar muchos de estos escándalos.
Lo que estamos viviendo no es una sucesión aislada de errores, sino una forma de ejercer el poder basada en la impunidad, la deslegitimación de las instituciones y la ausencia de responsabilidades políticas. Una deriva que degrada la democracia, erosiona la confianza ciudadana y exige una reacción firme por parte de quienes aún creen en la separación de poderes, la transparencia y el respeto a las reglas del juego democrático. El descrédito hacia la clase política solo aviva los populismos.
Un Gobierno acorralado por los casos de corrupción solo tiene una salida democrática y legítima: devolver la palabra a los ciudadanos y convocar elecciones.
