Lejos de centrar los esfuerzos en  atajar y perseguir los delitos de abusos sexuales que han sido denunciados en el  seno del PSOE en los últimos  días y que han sido silenciados por la propia organización, se arremete contra los muertos que no pueden defenderse.

Nada más conocerse la noticia de la denuncia, RTVE se ha dedicado a machacar la figura de Adolfo Suárez, que en cualquier otro país habría sido un referente, a través de ese infame pseudoperiodismo que practican algunos apologistas del sanchismo, como Javier Ruiz.

Hay que desviar el foco ante los numerosos casos de corrupción y de abusos sexuales, y qué mejor manera de hacerlo que recurriendo a una figura como la de Adolfo Suárez, quien logró que España transitara de la dictadura a la democracia de forma pacífica. Para formaciones como Podemos, es necesario acabar con el  llamado- de forma peyorativa-régimen del 78, una Transición, que ninguno de sus dirigentes conoció directamente, pero que gracias a aquel entendimiento que se produjo entre diferentes fuerzas políticas, incluido el PCE,  en un contexto político y social muy complicado, hoy están disfrutando de una democracia plena y de sus escaños en el Parlamento. Por tanto, tan mal no se hizo. Y uno de los principales artífices de aquel proceso fue, entre otros, Adolfo Suárez. También el rey Juan Carlos, cuya figura hoy se encuentra igualmente denostada.

La Transición fue un ejemplo para muchos países. La España del 76, recién muerto el dictador, con la banda terrorista ETA en plena ofensiva de atentados y asesinatos, con una facción del Ejército aún leal al franquismo y con unas Cortes recién estrenadas, que darían lugar a las primeras elecciones democráticas en 1977, tras cuarenta años de dictadura, y a la aprobación de la Constitución un año después, que se convirtió en la norma fundamental para la organización del Estado, que hoy cuestionan algunos logró sentar las bases de una democracia estable, plural y moderna, capaz de integrar diferentes fuerzas políticas y sociales en un proyecto común.

En este contexto, resulta inevitable preguntarse por qué se pone en el punto de mira a una de las figuras más respetadas de la Transición democrática española once años después de su fallecimiento.

Una denuncia anónima ha sido suficiente para que Podemos solicite la retirada de todos los honores al expresidente del Gobierno, a raíz de unos presuntos abusos sexuales que habrían tenido lugar hace más de cuatro décadas, cuando ya no ocupaba la Presidencia. Una decisión de este calibre, adoptada sin resolución judicial ni posibilidad de defensa, plantea serias dudas sobre el respeto a principios básicos como la presunción de inocencia y la prudencia institucional.

La denuncia fue presentada el pasado 9 de diciembre, cuarenta y cuatro años después de los hechos. La pregunta, por tanto, es evidente: ¿por qué ahora?

No se trata de cuestionar el derecho de cualquier persona a denunciar hechos graves, sino de reflexionar sobre las consecuencias de hacerlo en determinadas circunstancias. No soy jurista, pero los hechos denunciados habrían prescrito, dado el tiempo transcurrido. Además, no existen pruebas más allá de la palabra de la denunciante, ni testigos que puedan corroborar su testimonio.

Pero si el objetivo era hacer daño, el daño ya está hecho.  Más allá del recorrido judicial que pueda tener la denuncia-que a mi entender, es ninguno-  el impacto público ya se ha producido. El daño a la memoria y a la reputación de una figura histórica es irreversible.

Dentro de esta táctica de “y tú más” han puesto la diana en Adolfo Suárez, quien abandonó la presidencia del Gobierno hace cuarenta y cuatro años y falleció hace once. Y lo más cobarde de todo es que no puede defenderse de unas acusaciones de extrema gravedad.