Este pasado 24 de diciembre, el peor alcalde que ha tenido Valencia, Joan Ribo declaraba en calidad de investigado, antes imputado,  en los juzgados de Valencia por posibles irregularidades urbanísticas en la construcción de una piscina en Alboraia. La obra  se levantó en una zona protegida, considerada  parte de la huerta urbana de Valencia y, por tanto, en suelo no urbanizable. Este es, el tipo de ecologismo que defiende Compromís.

No es la primera vez que Ribó se sienta en el banquillo de los acusados. En 2023, como informaba esdiario, fue citado como investigado, siendo presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, por supuestamente favorecer la adjudicación de una  terminal del puerto de Sagunto al hijo de un conocido empresario naviero. El caso fue archivado  a finales de 2023 al no encontrar pruebas suficientes de fraude o prevaricación.

Acompañado por la portavoz de Compromís, Papi Robles, el ex acalde de Valencia  alegó que las competencias sobre este proyecto estaban delegadas a otras concejalías (del PSOE) y que él ni sabía ni recordaba nada de este asunto. Es curiosa la amnesia que sufren algunos cargos públicos. Sin embargo, la responsabilidad de un alcalde incluye, entre otras funciones, supervisar los proyectos aunque estén delegados. Si no lo sabía, mal; y si no estaba informado, peor.

Si en lugar de ser un dirigente de Compromís el que va declarar a los juzgados hubiera sido uno del PP habría estado arropado por una caterva de manifestantes pidiendo su cabeza.

Estos días estamos viendo desfilar por los juzgados a varias figuras políticas, algunas ya en prisión, como, Santos Cerdán, Koldo o José Luis Ábalos, que, por cierto, fue el encargado de defender  la moción de censura contra Mariano Rajoy por los casos de corrupción que afectaban al PP.

Lo preocupante es que, con el tiempo, estamos normalizando este tipo de actuaciones y hechos, como si formaran parte de la rutina política.