Estos días hemos conocido la noticia de que Mazón ha nombrado a su ex jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, miembro de su oficina en Alicante, con un sueldo de 58.000 euros anuales. Cuenca ocupará una de las dos plazas de personal eventual de las que dispone Mazón de manera indefinida, dada su condición de ex presidente de la Generalitat. Además se suman los privilegios asociados a ese estatus: despacho, dos asesores, vehículo oficial con chófer y servicio de seguridad. Además, Mazón podría percibir un salario de 87.000 euros anuales durante los próximos quince años. Cuando leí la noticia, pensé que se trataba de una inocentada de mal gusto, pero no lo era. Estas cosas pasan en la política nacional y, también, en la valenciana.
¿Cómo es posible que después de lo que ocurrió el 29-O, Mazón siga activo en la política valenciana?
Mazón no dejó pasar ni un solo día para acogerse a esta prerrogativa legal que le corresponde como ex jefe del Consell. Dimitió cuando ya tenía garantizado un sueldo cuasi vitalicio. Una situación difícil de digerir y que encaja mal en cualquier democracia sana, del mismo modo que resulta inaceptable que José Luis Ábalos, actualmente en prisión, conserve todavía su acta de diputado.
Ni uno ni otro van a renunciar a aquello que la ley les permite. Y es precisamente ahí donde debería entrar la responsabilidad de los partidos políticos en reformar las normas para impedir que situaciones como estas sigan produciéndose en el futuro. Porque que algo sea legal no lo convierte automáticamente en legítimo.
Resulta inevitable preguntarse qué deben sentir los familiares de las víctimas de la dana cuando leen estas noticias, que lejos de castigar al máximo responsable político, se le premia, como ha hecho el PP con Carlos Mazón, designándolo portavoz de una comisión que no se reúne ni trabaja desde hace años, pero que le permitirá incrementar sus ingresos casi 9.000 euros más. Una auténtica indecencia.
En lugar de exigirle responsabilidades o apartarlo de la vida pública, obligándole a que deje su acta de diputado- existen mecanismos para ello, por mucho que se repita que el cargo pertenece a la persona y no al partido-, el PP opta por premiarlo con un nuevo cargo público. Un gesto que refuerza la sensación de impunidad, alimenta la desafección ciudadana hacia la política y acaba beneficiando a los populismos. Y luego nos preguntamos por qué Vox crece.
