Pedro Sánchez continúa con su hoja de ruta para mantenerse en el poder. Este jueves se reunía en el Palacio de la Moncloa con el presidente de ERC, Oriol Junqueras para acordar un nuevo modelo de financiación para Cataluña que rompe con el principio de solidaridad entre territorios que garantiza nuestra Constitución.
Una nueva financiación singular para Cataluña a cambio de los votos de ERC que profundiza en un sistema cada vez más desigual y que perjudica gravemente al resto de comunidades autónomas. Entre las más afectadas se encuentra la Comunidad Valenciana, históricamente infrafinanciada por todos los gobiernos, pero que vuelve a ser relegada frente a los acuerdos bilaterales del Ejecutivo central con los socios independentistas. Una comunidad que se enfrenta a la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana, bajo un modelo de financiación absolutamente injusto e insolidario.
Oriol Junqueras, indultado por el Gobierno tras su condena por el procés se reunía por primera vez de manera oficial con el presidente del Gobierno, para negociar un acuerdo que supone un nuevo privilegio para Cataluña y un agravio comparativo para el resto de españoles. Un pacto que no responde al interés general, sino a la necesidad del presidente Sánchez de asegurarse los votos necesarios para seguir en La Moncloa. Su único objetivo es agotar la legislatura a cualquier precio, incluso gobernando sin necesidad del Parlamento.
Este nuevo modelo de financiación rompe la igualdad entre ciudadanos, debilita la cohesión territorial y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema autonómico. Frente a los acuerdos opacos y partidistas, resulta imprescindible un debate serio y multilateral que garantice una financiación justa, equitativa y solidaria para todas las comunidades autónomas, sin excepciones ni concesiones políticas.
ERC, tercera fuerza política en Cataluña y en claro retroceso según todas las encuestas, y con siete diputados en el Congreso, marca la agenda política del Gobierno de España.
El chantaje permanente del independentismo, aprovechando la debilidad del Gobierno convierte al resto del Estado en moneda de cambio.
El independentismo, lejos de buscar la convivencia y la estabilidad institucional, utiliza su posición como moneda de cambio para arrancar privilegios y concesiones que generan desigualdad entre territorios y ciudadanos. Un peaje político que paga el conjunto de los españoles, mientras el Gobierno renuncia a defender un proyecto común basado en la igualdad, la solidaridad y el respeto al marco constitucional.
Pedro Sánchez que en su día se negaba a pactar con el independentismo, se encuentra hoy completamente en manos de fuerzas políticas cuyo objetivo declarado es la ruptura con el Estado central y la quiebra del marco constitucional.
O, dicho de otra manera, quienes quieren irse de España son ahora los que están decidiendo la política nacional. Son ellos quienes condicionan los presupuestos, la financiación autonómica, las leyes clave y las decisiones estratégicas del Gobierno, imponiendo sus exigencias a cambio de unos pocos votos en el Congreso.
