Resulta llamativa la rapidez con la que se ha actuado para condenar públicamente a Julio Iglesias. Ha bastado una información periodística publicada por el eldiario.es para que toda la ultraizquierda que guardaron silencio en los casos de Iñigo Errejón, Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias reclamen ahora la retirada de todas las distinciones concedidas por la Comunidad de Madrid al cantante. Tampoco la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha tardado en responder.
La condena civil ya ha comenzado antes de que los tribunales de Justicia se pronuncien. Una vez más, la presunción de inocencia se vulnera de forma flagrante. Julio Iglesias, como cualquier otro ciudadano, es inocente mientras no se demuestre lo contrario.
El cantante Julio Iglesias ya ha sido condenado antes incluso de que exista una causa judicial abierta, en un ejercicio de señalamiento público que vulnera de manera palmaria la presunción de inocencia.
Este caso recuerda inevitablemente al de Plácido Domingo, quien se vio obligado a suspender varios conciertos tras las denuncias de varias compañeras de trabajo por supuestos abusos sexuales, sin que existiera entonces una resolución judicial firme que avalara la condena pública.
Algunos han querido ver en este caso, sobre todo por el medio de comunicación que ha difundido la exclusiva, una cortina de humo del Gobierno destinada a desviar la atención de los múltiples casos de corrupción que lo acorralan.
Por su parte, el Gobierno ha dado voz a dos de sus ministras, la portavoz, Elma Saiz y la ministra de Igualdad, Ana Redondo- para defender a las denunciantes, algo que no ocurrió cuando, dentro del propio partido, se silenciaron presuntos casos de abusos sexuales atribuidos a Paco Salazar. Entonces no hubo comunicados urgentes ni una defensa tan enfática de las víctimas.
Esta diligencia contrasta con la lentitud mostrada en otros casos que afectaron a dirigentes como Errejón, Salazar o Monedero. La propia Pilar Alegría llegó a reconocer como un error haber acudido a comer con Paco Salazar cuando las denuncias ya eran conocidas.
Celeridad en unos casos y paso de tortuga en otros.
El hecho de que no se respeten los procedimientos judiciales y se sustituya el Estado de derecho por juicios paralelos alentados desde el poder político y mediático supone un grave retroceso democrático. Cuando la acusación pública precede a la resolución de los tribunales, no solo se vulneran derechos fundamentales, sino que se normaliza una peligrosa cultura de la sospecha permanente.
Esta deriva no protege a las víctimas ni fortalece la justicia; al contrario, erosiona la confianza en las instituciones y convierte la presunción de inocencia en un privilegio condicionado por la conveniencia ideológica. La justicia deja entonces de ser imparcial para transformarse en un instrumento de señalamiento, donde el veredicto se dicta antes de que exista defensa.
