Sin quitarle un ápice de razón a las víctimas de la dana y a su derecho a manifestarse cuando lo crean oportuno, lo ocurrido el otro día a las puertas del juzgado de Catarroja, donde uno de los testigos fue golpeado con una pancarta supone una línea que no debería cruzarse.
Pradas y Cuenca decidieron entrar a pie en los juzgados, lo que motivó que se vivieran ciertos momentos de tensión. A diferencia de Maribel Villaplana, que accedió a los juzgados en coche, Pradas y Cuenca hicieron el “paseíllo”, exponiéndose directamente a los reproches de algunos familiares de las víctimas y a la presión de quienes se concentraban a las puertas del edificio. Las medidas de seguridad que se establecieron con varios guardias civiles formando un cordón no evitaron el intento de agresión. Seguramente, si se hubiera ampliado el perímetro de protección, como ocurrió durante la visita de Pedro Sánchez a Paiporta, se habrían reducido los riesgos y evitado los momentos de tensión que se vivieron a las puertas de los juzgados.
La protesta legítima pierde fuerza cuando deriva en actos de intimidación o violencia, por muy comprensible que sea la indignación de quienes se sienten desamparados. Defender la justicia y exigir responsabilidades no puede hacerse a costa de vulnerar los derechos de terceros ni de enturbiar un proceso judicial que, precisamente, debería servir para esclarecer los hechos y reparar a las víctimas.
La jueza de Catarroja citó a Salomé Pradas y José Manuel Cuenca para someterlos a un careo, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido el 29-O y determinar de quien recae la responsabilidad aquella fatídica tarde. Al término de la vista, la ex consejera de Emergencias se acercó a los medios de comunicación y a los familiares de las víctimas mientras era continuamente increpada. Los gritos y reproches, comprensibles desde el dolor y la frustración, acabaron por crear un clima de tensión que poco contribuye al esclarecimiento de los hechos. El respeto a las decisiones judiciales y a quienes comparecen ante la justicia debería ser compatible con la exigencia de responsabilidades, sin que la presión en la calle sustituya al trabajo que corresponde a los tribunales.
