Hay que tener cuajo, o una cara de cemento armado, o ambas cosas a la vez, para que, después de 45 víctimas mortales y decenas de heridos en el accidente ferroviario de Adamuz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga la osadía de felicitar al ministro de Transportes, Óscar Puente. Lo ha hecho durante un acto de apoyo a la candidata del PSOE, Pilar Alegría, en Aragón.
Tan temerario resulta hacer estas afirmaciones, como el entusiasmo del público que las aplaude.
El relato del Gobierno es claro: repetir hasta la saciedad, que el ministro de Transportes, Óscar Puente, “ha dado la cara desde el primer momento”, a diferencia de Carlos Mazón que permaneció oculto en El Ventorro durante las horas más críticas de la dana. De ello ya se encargarán sus acólitos en medios de comunicación y tertulias televisivas, donde no faltan sus seguidores, bien retribuidos, por cierto.
Asumir responsabilidades políticas tras 45 personas fallecidas y decenas de heridos ya es otra cuestión. Para el Gobierno, ahora es momento de dejar trabajar a los técnicos y esclarecer las causas del accidente, aunque todo parece indicar que fue la rotura de una vía lo que ocasionó la tragedia ferroviaria. Si finalmente se confirma esta hipótesis, quedará en evidencia la negligencia en el mantenimiento de la redy la falta de inversiones necesarias a lo largo de los años para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los trenes. Y eso tiene un claro responsable.
Óscar Puente mintió cuando afirmó que no se trataba de un problema de falta de inversiones, cuando después hemos sabido que las vías son las mismas que se instalaron cuando se inauguró el AVE Madrid-Sevilla, es decir, desde 1992.
Eran conocedores de los riesgos, ya que existían denuncias previas de los propios maquinistas, y no actuaron. En lugar de invertir en el mantenimiento de la red ferroviaria, el Gobierno utilizó el dinero para captar votos, prometiendo trenes gratis a los jóvenes. Y, en lugar de nombrar a personas preparadas y competentes en el Consejo de Administración de RENFE, se optó por un perfil impropio: el de portero de puticlub, y Koldo García, encontró su acomodo. Los cargos políticos que acceden a empresas públicas deberían someterse al mismo tamiz de preparación y formación, que se exige en las empresas privadas.
Y, además, el Ministerio de Transportes, que es el ministerio que más recursos gestiona, con un presupuesto superior a los 11.000 millones de euros, no ha sido precisamente un ejemplo de buena gestión ni de buenas prácticas (mordidas, caso de las mascarillas).
Pero como todo esto ha ocurrido bajo un gobierno progresista, no hay asociaciones de víctimas ni manifestaciones ni escraches a los políticos responsables, llamándoles asesinos.
¿Dónde está Compromís, que al día siguiente de la dana pedía la dimisión de Carlos Mazón?
Seguramente, para la formación nacionalista no son casos comparables, aunque en este caso haya habido 45 muertos y decenas de heridos.
En cualquier país democrático, ante una tragedia de esta magnitud, la dimisión del responsable político más directo habría sido automática e inmediata, sin esperar a que lo pida la oposición o a los informes técnicos preceptivos para estudiar las causas del accidente.