Los agricultores y ganaderos salen de nuevo a la calle para protestar por el acuerdo del Mercosur que, de ser ratificado por el Parlamento Europeo, se ha conseguido una moratoria, supondría la desaparición de muchas explotaciones agrarias al no poder competir en las mismas condiciones de igualdad. Hay convocadas varias manifestaciones en las principales ciudades de España.
Mientras países como Francia se oponen a la firma del acuerdo, el Gobierno de España, a través del ministro de Agricultura, Luis Planas, es un firme defensor del mismo, en contra de todas las asociaciones agrarias.
Donde unos ven una oportunidad de negocio para un mercado potencial de 700 millones de personas, otros ven competencia desleal entre unos países y otros.
El campo sigue sin dar respuesta a los dos principales problemas que abocan al sector a la ruina. Por un lado, la falta de relevo generacional. La edad media de los agricultores ronda los 63 años. No hay gente joven dispuesta a tomar el relevo porque el campo no es rentable. En unos pocos años, podríamos ver campos improductivos y cultivos abandonados.
El segundo gran problema son los precios. Mientras los costes de producción se han disparado exponencialmente, los precios a los que los agricultores venden sus productos no alcanzan, en muchas ocasiones, a cubrir los gastos de producción. Esto obliga a muchos agricultores a vender a pérdidas, a pesar de la Ley de Cadena Alimentaria, que prohíbe estas prácticas, pero que no se cumple.
El campo está en manos de burócratas que, desde Bruselas, toman decisiones alejadas de la realidad diaria de agricultores y ganaderos, sin tener en cuenta las consecuencias económicas y sociales que estas medidas provocan en el medio rural. El Comisario Europeo de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, proviene de un país cuya agricultura representa una pequeña parte de su economía, apenas el 0,2% del PIB, mientras que en España supone el 2,3%, por encima del promedio europeo del 1,7%, y emplea al 11,5% de la población activa.
Frente a la política de aranceles de Donald Trump, que penaliza a sectores como el queso, el vino o el aceite, el sector agrario europeo se enfrenta ahora a un nuevo escenario de incertidumbre que amenaza aún más la viabilidad de muchas explotaciones.
La apertura de fronteras sin aranceles a productos procedentes de Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay, producidos bajo normativas medioambientales, laborales y sanitarias mucho más laxas, supone una competencia desleal que pone en serio riesgo la supervivencia del sector agrario europeo.
La competencia en un mercado globalizado es positiva siempre que se desarrolle bajo un marco normativo común y con reglas homogéneas para todos los operadores. Cuando no se aplican las mismas normas, exigencias y controles a todos los participantes, se incurre en una situación de competencia desleal.
