El Gobierno ha aprobado la regularización de más de medio millón de inmigrantes. Una decisión valiente que contrasta con la corriente ultra que recorre Europa y EEUU, donde se normalizan deportaciones masivas que nos retrotraen a tiempos pasados que creíamos superados. Estos días hemos visto la brutalidad con la que se emplea la policía migratoria de EEUU, asesinando a sangre fría a ciudadanos americanos o deteniendo a menores de edad, arrancándolos de los brazos de sus familias.
Solo Vox ha criticado la medida, recurriendo al ya conocido argumento del “efecto llamada”, un extremo que ha sido desmentido por organizaciones sociales como Cáritas. Incluso, la Iglesia católica, a través del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se ha felicitado públicamente por esta decisión que llevaba años reclamando. Y es que pocas instituciones conocen tan de cerca el drama de la inmigración como la propia Iglesia.
Reconocer la dignidad de estas personas era algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Han pasado más de siete años desde la última regularización, un periodo excesivo si se tiene en cuenta la realidad social y laboral del país. Se trata de personas que llevan viviendo en España desde 2025, integradas en muchos casos en nuestros barrios y en nuestro mercado de trabajo. Con todos los gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas, ha habido regularizaciones. Sin embargo, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pasado de apoyar este tipo de medidas a sumarse al discurso de Vox.
La inmigración aporta riqueza al país, no solo en términos económicos, sino también sociales y culturales. España, que durante décadas fue un país de emigrantes, sabe bien lo duro que es tener que marcharse, dejar atrás la familia y empezar de cero en otro lugar.
El Mediterráneo se ha convertido en un enorme cementerio, donde personas sin apenas recursos huyen de sus países de origen, devastados por las guerras y la pobreza más extrema, en busca de un futuro mejor.
Quienes nos dedicamos a la agricultura sabemos bien lo imprescindible que es la mano de obra inmigrante en el campo. Lo mismo ocurre en otros sectores clave como la hostelería o la construcción, sin los cuales buena parte de nuestra economía simplemente no funcionaría. Todos conocemos a alguien que está al cuidado de personas mayores, limpia hogares o realiza trabajos esenciales y que, pese a trabajar y contribuir al bienestar colectivo de este país han vivido durante años en la más absoluta precariedad y marginalidad. Sin contratos y con sueldos de miseria.
Era un acto de justicia social reconocer a estas personas que no son números sino seres humanos con derechos, historias y vidas construidas en nuestro país.
