El próximo domingo 8 de febrero se celebran elecciones en Aragón, en un contexto marcado por el auge de Vox, que aparece disparado en todas las encuestas mientras la izquierda atraviesa un evidente retroceso electoral.
En Podemos están muy preocupados por el auge de la extrema derecha, de ahí que líderes como Irene Montero e Ione Belarra hayan radicalizado aún más sus discursos con su deseo de “barrer a las derechas” de las instituciones.
Un discurso plagado de odio y revanchismo guerracivilista, que a los “marqueses de Galapagar” les funciona de cara a la galería. Me pregunto, qué ocurriría si desde la derecha se llamara a barrer a la izquierda en los mismos términos que lo hacen los dirigentes de Podemos.
No condenan la represión en Cuba y Venezuela ni la violación sistemática de los derechos humanos en Irán, donde miles de mujeres se han manifestado de una forma valiente contra el régimen de los ayatolás. No ha habido manifestaciones de apoyo a esas mujeres que se juegan la vida para defender su libertad y su dignidad.
No creen en la alternancia política ni en el pluralismo democrático. Quieren barrer al disidente para imponer sus ideas totalitarias, bajo la llamada “teoría del reemplazo”.
Mientras guardan silencio ante esas dictaduras, atacan abiertamente el régimen constitucional del 78, el mismo que trajo la democracia a este país tras cuarenta años de dictadura. Una democracia que, paradójicamente, les permite expresarse con total libertad y defender ideas que en aquellos países que toman como referencia serían duramente perseguidas. Resulta contradictorio despreciar un sistema que ha garantizado derechos, pluralismo y alternancia política, y al mismo tiempo mirar hacia otro lado ante regímenes donde no existen elecciones libres, ni independencia judicial, ni libertades básicas.
También cargan contra el poder judicial, llamando a los jueces “fachas con toga” y acusándolos de practicar el lawfare, pero no cuando las sentencias les son favorables, como ha ocurrido con las causas que afectaban a Podemos y que finalmente han sido archivadas.
La formación morada ha presentado como un gran logro político la regularización de medio millón de inmigrantes. Una jugada de Pedro Sánchez para atraer a los morados y reforzar su debilitado gobierno progresista y de ese modo poder contentar a Junts para entregar las competencias en inmigración, para lo cual necesita los votos de Podemos.
Podemos busca atraer el voto emigrante y de los nuevos ciudadanos regularizados, aún a sabiendas de que la mayoría de ellos no podrá votar ni en las elecciones municipales ni en las generales. El derecho de sufragio corresponde a los nacionales mayores de edad, no a los residentes legales de origen extranjero. Los inmigrantes con residencia legal, la que adquirirán los extranjeros regularizados con el Real Decreto aprobado ahora, no pueden votar en las elecciones generales. Tampoco en los comicios autonómicos. Solo pueden hacerlo en las municipales si cumplen una serie de requisitos.
Pablo Iglesias decía estos días que, si gobernaran el PP y Vox, él tendría que marcharse de España. Tiempo atrás, escuché a José María Aznar decir que con un gobierno de Podemos, él acabaría en la cárcel.
Podemos ha pasado de contar con una amplia representación en el Parlamento, incluyendo una vicepresidencia y varios ministerios, a tener actualmente una representación prácticamente residual. Desaparecido de gobiernos autonómicos, lucha por su propia supervivencia política. Tras el ostracismo al que Pedro Sánchez había relegado a la formación, el presidente del Gobierno les ha dado de nuevo protagonismo, algo que no ha gustado a su vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz que compite por el mismo espacio político.
En este contexto de fragmentación y división de la izquierda, que se ha repetido a lo largo de la historia, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que recientemente visitó varias localidades valencianas, entre ellas Ontinyent, trata de aglutinar bajo un mismo espacio plurinacional a las diferentes corrientes de la izquierda. Su propuesta pasa por reconstruir alianzas en torno a un proyecto común que supere las siglas tradicionales, aunque no está claro que el resto de formaciones estén dispuestas a ceder protagonismo ni a diluir sus propias estrategias electorales
