Pedro Sánchez, sin una mayoría parlamentaria sólida, sin Presupuestos Generales del Estado y con numerosos casos de corrupción a su alrededor que afectan no solo a su entrono familiar sino a su propio partido, se niega a adelantar las elecciones generales mientras la extrema derecha de Vox sale reforzada. Más Sánchez significa más Vox. Cuanto más tiempo permanezca Sánchez en el poder, más crecerá Vox en las urnas.
Con un PSOE en su mínimo histórico en Extremadura y Aragón, y mientras arrecian las críticas contra Felipe González por criticar la falta de autocrítica en el PSOE, Sánchez trata a la desesperada buscar los apoyos de sus socios de gobierno. Lo ha hecho con Podemos, aprobando la regularización de medio millón de inmigrantes en situación irregular y buscará contentar también a Junts.
Aún así, tiene muy complicado aprobar los PGE, aunque ello no sea obstáculo para seguir como presidente del Gobierno, saltándose una obligación constitucional. Hizo lo mismo aprobando la Ley de Amnistía para contentar a sus socios independentistas. Una ley que era inconstitucional para buena parte del Gobierno, pero que dejó de serlo por siete votos.
Sánchez ha ido apartando a todas las voces críticas dentro del partido, y se ha rodeado de personas de su máxima confianza. Ha colonizado 40 entidades públicas, entre ellas RTVE, el CIS, el CNI, el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha sido condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos, en un hecho sin precedentes en democracia.
Lejos quedan las palabras de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición y exigía a Mariano Rajoy que adelantara las elecciones si no era capaz de aprobar los PGE.
La situación actual de Sánchez, sin una mayoría parlamentaria clara, le obliga a comprobar constantemente si sigue contando con el respaldo de sus socios. Junts le retiró ese apoyo en votaciones clave, también el PNV, votando en algunas cuestiones con el PP y con Vox, evidenciando la fragilidad del bloque de investidura, mal llamado progresista. En este contexto, someterse a una cuestión de confianza, como le ha pedido Junts, serviría para despejar dudas sobre si el presidente mantiene el respaldo suficiente del Congreso para continuar al frente del Gobierno.
El PNV da por agotada la legislatura, pero sus diputados siguen sosteniendo al Gobierno en votaciones clave. Esta aparente contradicción refleja la ambigüedad estratégica de los nacionalistas vascos: verbalizan desgaste y fin de ciclo, pero evitan, por ahora, provocar un adelanto electoral que podría alterar el actual equilibrio parlamentario y facilitar un gobierno del PP con Vox.
