Cuarenta y cinco  años después del intento fallido del golpe de Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desclasificado documentos secretos del 23-F. Está muy bien que se conozca toda la verdad ; es un ejercicio sano desde el punto de vista democrático y permite que se acabe con los bulos y las “bolas”, como decía el escritor Javier Cercas. Pero no solo deberían desclasificarse los del 23-F, sino también los relacionados con el GAL. El Gobierno no ha hecho público todos los documentos, sino solo una parte.

Mientras que para unos, la derecha, esta decisión es una nueva cortina de humo para no hablar de los casos de corrupción que afectan al Gobierno, para otros, la izquierda, es una obligación de cualquier país democrático conocer su historia.

Sorprende, eso sí, que partidos como EH Bildu, que no han condenado el terrorismo de ETA ni han colaborado con la justicia para el esclarecimiento de los casi 300 asesinatos todavía sin resolver por parte de la banda terrorista ETA, se presenten ahora como defensores de la memoria histórica y de la verdad.

Sobre el 23-F siguen existiendo muchas dudas, especialmente en lo referido al papel que jugó el Rey Juan Carlos aquel día en que tambalearon los cimientos de una democracia incipiente. Para muchos de nosotros, fue decisivo su papel al frenar la intentona golpista y al ponerse del lado de la democracia y la Constitución española. No me cabe la menor duda de que fue así.

Los documentos ahora desclasificados confirman que el Rey se opuso desde el primer momento al golpe y se situó claramente del lado de la democracia y de la Constitución, pese a los intentos de algunos por sembrar confusión sobre su papel aquel 23-F. El rey Juan Carlos no era del agrado de los militares sublevados. A la luz de estos documentos, aquellas teorías conspiratorias quedan definitivamente desacreditadas, aunque estos días he escuchado a algunos historiadores afirmar que, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, era conocedor de la asonada. En aquellos momentos se respiraba una gran tensión en el ambiente, especialmente en el Ejército, golpeado por los asesinatos de la banda terrorista ETA. Su papel fue clave para que el golpe no triunfara.

Yo tenía entonces 18 años y lo viví sin ser del todo consciente de las consecuencias que habría tenido si el golpe hubiera triunfado finalmente, y Alfonso Armada, como parece que se pretendía,  hubiera presidido un gobierno de concentración que habría supuesto el fin de las libertades en este país.

Corresponde ahora a los historiadores, no a los políticos ni a los periodistas, analizar en profundidad esos documentos.

Justo el día en que el Gobierno anunciaba la desclasificación de documentos del 23F se conocía la noticia del fallecimiento del coronel Antonio Tejero Molina. Nunca hizo declaraciones ni concedió entrevistas a ningún medio de comunicación. Tejero fue condenado a 30 años de prisión, de los que  cumplió aproximadamente la mitad, siendo de todos los condenados por la intentona golpista quien más tiempo permaneció en la cárcel.