La que fuera vicepresidenta del Consell y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra se sentará de nuevo en el banquillo junto a otros nueve acusados. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Valencia en contra del criterio del juez que ordenó el sobreseimiento de la causa que imputaba a Oltra por presuntamente encubrir a su exmarido por los abusos sexuales cometidos a una menor de edad tutelada cuando ella era consejera de Igualdad. El ex marido fue condenado por estos hechos a cinco años de cárcel.
Compromís ha cargado contra la decisión de la Audiencia de Valencia de reabrir el juicio oral contra la política valenciana, acusando a los jueces de persecución política y de practicar lawfare.También ha salido en su defensa Irene Montero. Lo hacen cada vez que se dicta una sentencia o una resolución judicial que no les gusta. Lejos de respetar y acatar las decisiones judiciales, atacan a los jueces y al sistema judicial, sembrando dudas sobre uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
Nada más conocerse la noticia, los dos representantes de Compromís en el Congreso de los Diputados, Alberto Ibáñez, integrante de Sumar y Àgueda Micó, adscrita al Grupo Mixto, salieron en tromba, esta vez juntos, para atacar la resolución de la Audiencia y acusarla de persecución política.
En España hace muchos años ya que no se persigue a nadie por sus ideas políticas.
Cuando los tribunales adoptan decisiones que no son de su agrado, se les acusa de actuar no conforme a criterios jurídicos, que es lo que hacen los jueces: aplicar la ley sino por motivaciones políticas.
Se trata de la misma Audiencia que citó como testigo a Maribel Vilaplana en el caso de la dana de Valencia, una decisión que en aquel momento fue aplaudida por la izquierda. No fue una iniciativa de la jueza de Catarroja, sino de la Audiencia Provincial de Valencia, máximo órgano judicial de la provincia.
Si la Audiencia ha adoptado esta decisión es porque considera que existen indicios suficientes para que se celebre el juicio y esclarecer los hechos en sede judicial. Que un tribunal reabra un procedimiento no implica culpabilidad.
Hay muchas cuestiones por esclarecer, como el borrado de miles de correos electrónicos y de registros de llamadas, que podrían haber sido fundamentales para la investigación.
¿En estas circunstancias puede Mónica Oltra regresar a la política, como le pedía Compromís como candidata a la alcaldía de Valencia? Sin duda, este nuevo escenario judicial puede suponer un revés en su carrera política, como lo fue en su día cuando se vio obligada a dimitir por el caso de su ex pareja.
