La jueza de Catarroja ha encontrado indicios suficientes, tras más de un año de instrucción y a la vista de los numerosos testimonios recogidos, para elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dado que Carlos Mazón es aforado y no puede ser investigado por un tribunal ordinario.
Ahora será el TSJCV quien evalúe la exposición razonada y decida si asume la causa y cita a Mazón como investigado o si solicita a la jueza que continúe con la instrucción antes de pronunciarse. En caso de que el tribunal acepte seguir adelante, se abrirá formalmente la fase de investigación en la que Mazón podría declarar en calidad de investigado.. De este modo, se daría cumplimiento a una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas, que han reclamado desde el primer momento su imputación.
Desde el inicio de la investigación, las sospechas se han centrado en la actuación del entonces presidente de la Generalitat durante la tragedia de la dana del 29 de octubre que dejó 230 fallecidos y pérdidas materiales millonarias.
La magistrada considera que existen indicios de una posible “inactividad negligente” en las horas más críticas de la emergencia, cuando ya se habían producido víctimas mortales. Las competencias en materia de gestión de emergencias correspondían al Gobierno de la Generalitat Valenciana.
La jueza ha restado credibilidad al testimonio de la periodista Maribel Vilaplana, que aquel día se encontraba comiendo con Mazón en el restaurante El Ventorro. También fue citado a declarar en calidad de testigo el propietario del restaurante, quien aseguró no haber observado al entonces presidente especialmente preocupado durante las horas que permaneció en El Ventorro.
Algunos abogados sostienen, sin embargo, que durante la instrucción se habría vulnerado el derecho de defensa de Carlos Mazón, lo que podría conllevar la nulidad de las actuaciones. Argumentan que, pese a que los indicios se habrían dirigido contra él desde el inicio, no fue llamado a declarar en calidad de investigado, lo que —a su juicio— le habría impedido ejercer plenamente su derecho de defensa durante la fase instructora.
Por otra parte, recientemente se ha conocido que el marido de la magistrada instructora, también juez, habría tomado declaración a varios testigos en el marco del procedimiento. Este hecho ha generado controversia y ha dado lugar a dudas sobre una posible causa de abstención o recusación.
Mazón, que aún conserva su acta de diputado y mantiene los privilegios como expresidente de la Generalitat Valenciana (sueldo, chófer, escolta, despacho y secretaria), podría ser citado próximamente como investigado, antes imputado, si el TSJCV acepta la exposición razonada.
Las responsabilidades políticas fueron asumidas cuando Mazón presentó su dimisión por la gestión de la DANA, casi un año después de la tragedia del 29 de octubre, que dejó 230 fallecidos y pérdidas materiales millonarias.
En cuanto a si su actuación durante la DANA tuvo relevancia penal, serán los tribunales de justicia quienes lo determinen.
