El bloqueo político en Extremadura vuelve a poner de manifiesto las dificultades para gobernar en un sistema cada vez más fragmentado y polarizado, palabras que, por desgracia, están cada vez más de actualidad en la política. Vox ha votado por segunda vez en contra de la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Guardiola fue la ganadora de las elecciones con el 43,18% de los votos, muy por delante del 16,9% obtenido por el partido de Santiago Abascal. Aun así Vox quiere imponer su programa electoral. La formación de Abascal vuelve a actuar más como oposición que como un aliado natural del PP, lo cual beneficia al PSOE y a la izquierda. Unidas por Extremadura, coalición que integra a Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que fue la cuarta fuerza política con el 10% de los votos ha pedido la dimisión de María Guardiola.
Ante la falta de presupuestos, Guardiola adelantó las elecciones con la intención de no depender de Vox y poder gobernar en solitario. Sin embargo, la jugada no le ha salido como ella esperaba y ahora depende aún más de Vox que antes de los comicios. Precipitarse en política también conlleva sus riesgos.
La negativa de Vox a facilitar la investidura de Guardiola abre enExtremadura un escenario de inestabilidad institucional que podía desembocar incluso en una nueva repetición electoral. Sería, sin duda, un fracaso de la política.
En cualquier caso, una nueva repetición electoral en Extremadura probablemente no cambiaría demasiado el mapa político actual.
El PSOE, por su parte, podría abstenerse y facilitar que gobierne la lista más votada. Esa fue precisamente la propuesta que el candidato socialista por Castilla y León, Carlos Martínez, hizo a Fernández Mañueco durante el debate que mantuvieron en el programa de La Noche en 24 horas, moderado por Xabier Fortes, donde también estuvo el representante de Vox, Carlos Pollán.
Ante la dificultad de alcanzar nuevas mayorías absolutas en muchos territorios, que solo se mantienen en Andalucía, Galicia y Castilla y La Mancha, permitir que gobierne la lista más votada podría ser una solución razonable para garantizar la estabilidad institucional.Sin embargo, Mañueco, que da por hecho que ganará las elecciones en Castilla y León, rechazó esta posibilidad incluso cuando el candidato del PSOE le tendió la mano. Una de dos: o tiene muy claro que va a ganar las elecciones, o ya tiene firmado un acuerdo con Vox.
Resulta comprensible la postura de María Guardiola, que ha ganado las elecciones con el 43% de los votos y tiene, por tanto, legitimidad suficiente para gobernar y en todo caso, las exigencias de los socios potenciales, en este caso Vox, deberían ser proporcionales a los resultados electorales.
Vox no puede pretender con un 16,9% de votos frente al 43,18% de la candidata popular imponer su programa electoral a quien ha ganado legítima y democráticamente las elecciones por una amplia mayoría.
Una vez más, Vox demuestra no actuar como un partido de Estado ni mucho menos como garante de la estabilidad institucional.
La política debería servir para facilitar gobiernos estables y respetar la voluntad de los votantes. Cuando los partidos anteponen sus estrategias al interés general y prefieren el bloqueo al acuerdo, quienes realmente pierden son los ciudadanos.
