Hodio

 Un ejemplo es el del ministro de Transportes, Óscar Puente, muy activo en la red social X, antes Twitter, donde con frecuencia utiliza un lenguaje agresivo para dirigirse a sus adversarios políticos. Recientemente arremetió contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a la que calificó de “incompetente, cínica y timadora” en plena polémica por los problemas ferroviarios durante las Fallas.

Pero no es un caso aislado. El clima político en España se ha ido deteriorando en los últimos años y el lenguaje se ha vuelto cada vez más bronco. Hace unos días, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, cargaba contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con una frase que difícilmente puede considerarse ejemplo de moderación: “Váyase a Mar-a-Lago a chupar botas y quédese allí de una puñetera vez”. Esta fue la respuesta de la socialista madrileña, que no ha rectificado sus palabras, a los recientes viajes de la presidenta madrileña a EEUU para atraer inversiones.

Este tipo de declaraciones no contribuye precisamente a rebajar la tensión política ni a mejorar el debate público. Al contrario, alimenta un clima de enfrentamiento permanente que después se traslada a las redes sociales, donde el anonimato y la inmediatez amplifican los insultos y las descalificaciones.

Durante años, la izquierda promovió los llamados escraches como una forma legítima de presión política. Se llegó incluso a calificarlos como “jarábe democrático”. Su impulsor fue Pablo Iglesias. Hubo persecuciones contra Rita Barberá, Cristina Cifuentes, Soraya Sáenz de Santamaría o Begoña Villacís, que incluso se encontraba embarazada cuando sufrió una de esas protestas frente a su domicilio. Solo cuando han probado su propio jarabe es cuando han empezado a protestar. Aquellos que durante años justificaron los escraches como una forma de presión política denuncian ahora el acoso y las amenazas que circulan en redes sociales. La ex ministra de Igualdad y ahora eurodiputada, Irene Montero y la dirigente de Podemos,  Ione Belarra han denunciado públicamente haber recibido amenazas de muerte.

Las redes sociales se han convertido en un estercolero vomitivo de mensajes de odio y amenazas.

En este contexto, el Gobierno propone ahora crear la plataforma HODIO, una herramienta para monitorizar el discurso de odio en internet. Sobre el papel, el objetivo puede parecer loable: combatir los insultos, el acoso y la polarización que proliferan en el espacio digital. Sin embargo, la iniciativa también plantea interrogantes legítimos.

En primer lugar, porque existe el riesgo de que este tipo de mecanismos acaben convirtiéndose en instrumentos de control político o de presión sobre determinadas opiniones.

En segundo lugar, porque el  ordenamiento jurídico español ya dispone de herramientas suficientespara perseguir los abusos más graves. El Código Penal contempla delitos como las amenazas, las injurias, las calumnias o la incitación al odio. Cuando alguien cruza esa línea, el procedimiento es claro: acudir a un juzgado y presentar una denuncia.

No parece necesario, por tanto, que el Estado asuma el papel de árbitro permanente del debate público en internet. Las redes sociales necesitan normas y responsabilidad, pero también preservar algo esencial en una democracia: la libertad de expresión, incluso cuando lo que se dice resulta incómodo, polémico o molesto.

Tal vez el primer paso para rebajar el tono no deba venir de nuevas plataformas tecnológicas ni de observatorios gubernamentales, sino del propio ejemplo de quienes participan en la vida política. Si los responsables públicos moderaran su lenguaje y evitaran el insulto como herramienta de confrontación, probablemente contribuirían más a reducir el odio en las redes que cualquier algoritmo o plataforma creada desde el poder.

Hay que reconocerle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez su habilidad para evitar hablar de lo realmente importante. En plena escalada del conflicto con Irán y con el precio del petróleo disparado en los mercados internacionales, el debate político parece desviarse hacia otros asuntos.

El encarecimiento del crudo no es una cuestión menor. Tarde o temprano se traducirá no solo en una subida del precio de los combustibles, sino también en un aumento del coste del transporte y, en consecuencia, de la cesta de la compra. Cuando sube el petróleo, acaba subiendo prácticamente todo.

Ante este escenario, algunos países ya están tomando medidas, para amortiguar el impacto, reduciendo el IVA en el precio de los alimentos básicos o rebajas fiscales en los carburantes para aliviar la carga sobre los ciudadanos.

Si el conflicto se prolonga más de tres o cuatro semanas, las consecuencias económicas podrían ser todavía más graves. El repunte de la inflación podría provocar nuevas subidas de los tipos de interés y, con ello, el encarecimiento  de la hipotecas para millones de familias. Esto afectará también al pago de la deuda, obligando a destinar más recursos al pago de intereses de la deuda en lugar de a otras necesidades nacionales.

Sin embargo, en medio de este contexto internacional y con escándalos de corrupción en el Gobierno,  en España parece que toca hablar de otra cosa : de  la plataforma Hodio que tanta preocupación despierta en los ciudadanos.