La nueva manifestación convocada para el próximo 28 de marzo para pedir prisión contra Carlos Mazón vuelve a situar en el centro del debate la investigación judicial por la gestión de la DANA.
Los familiares de las víctimas de la dana tienen todo el derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido. Precisamente para eso existen los tribunales de justicia: para investigar los hechos y, en su caso, determinar responsabilidades penales. Pero una cosa es exigir que se esclarezca lo sucedido y otra muy distinta es sustituir el papel que corresponde a los jueces.
Además, se ha producido una instrumentalización política por parte de la izquierda, que ha utilizado el dolor de las víctimas con fines partidistas. Algo que resulta profundamente miserable desde cualquier punto de vista.
Carlos Mazón asumió finalmente sus responsabilidades políticas dimitiendo como presidente de la Generalitat. Una renuncia que llegó demasiado tarde. Su inacción durante las horas más críticas de la emergencia, cuando las alertas llegaron tarde a la población, lo invalidaba políticamente para continuar al frente de la Generalitat. Cuestión a parte son sus responsabilidades penales, que corresponde dirimir a los tribunales de justicia.
Es curioso, sin embargo, que en el accidente ferroviario de Adamuz donde murieron 46 personas por el mal estado de la vía, como se ha confirmado, no se ha asumido ninguna responsabilidad política y el ministro del ramo, Óscar Puente sigue al frente de la cartera de Transportes. Tampoco se han visto manifestaciones exigiendo su dimisión o pidiendo prisión para Puente.
La jueza de Catarroja continúa con la instrucción después de elevar la causa al TSJCV para valorar la posible imputación de Carlos Mazón. Al estar aforado por su condición de presidente de la Generalitat, no puede ser juzgado por un tribunal ordinario.
La Fiscalía no ve indicios, de momento, para imputar al expresidente de la Generalitat. La jueza debe seguir recabando pruebas en una investigación que supera el año de duración
La magistrada ha centrado desde el inicio la investigación en la persona de Carlos Mazón. Esto podría plantear problemas procesales, ya que una instrucción dirigida contra una persona concreta sin haber podido ejercer plenamente su derecho de defensa podría derivar, en determinados casos, en la nulidad de actuaciones. Si se confirma, además, que su marido, también juez, pero que no tiene ninguna competencia en la causa, ha participado en los interrogatorios de los testigos, la situación podría plantear serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Si finalmente se declarara nulo todo el proceso, las consecuencias serían de gran alcance, tanto para la investigación judicial como para la percepción pública de la justicia en este caso, y, sobre todo, para los familiares de las víctimas, que se verían absolutamente desamparados.
