Nadie debería tener que vivir bajo una amenaza de muerte. Esa es una premisa básica de cualquier sociedad democrática. En España lo sabemos bien tras más de 60 años de terrorismo. Tampoco debería hacerlo Arnaldo Otegui, quien recientemente ha denunciado ante un juzgado de Vitoria haber recibido este tipo de amenazas.
Sin embargo, su caso no puede analizarse al margen del contexto. Otegui, actual portavoz de Sortu, la corriente más dura de la izquierda abertzale, integrada en EH Bildu, nunca ha condenado los crímenes de ETA ni ha pedido perdón a los familiares de las víctimas asesinadas por la banda terrorista. Fue condenado por pertenencia a ETA y no ha mostrado arrepentimiento por su pasado, mientras miles de vascos sufrían amenazas.
La organización terrorista asesinó a más de 800 personas y sembró el terror durante más de 60 años, incluso en plena democracia, asesinando a quienes no pensaban como ellos. Muchos vascos tuvieron que abandonar su tierra tras ser amenazados de muerte o extorsionados mediante el llamado “impuesto revolucionario”.
Otegui ha denunciado amenazas de muerte. Por eso, cuando se denuncian este tipo de hechos — siempre condenables— resulta inevitable recordar a quienes no solo fueron amenazados, sino asesinados de un tiro en la nuca. A quienes no pudieron acudir a un juzgado porque fueron silenciados con un disparo. Y a sus familias, que siguen reclamando memoria, justicia y dignidad.
El Gobierno de Pedro Sánchez que dijo que nunca pactaría con los herederos de ETA ha contribuido al blanqueamiento de quien fuera su brazo político. Estos días han sido excarcelados varios dirigentes de ETA como “Txeroki” o “Anboto”, como resultado del apoyo de EH Bildu a Pedro Sánchez. Algunos nos preguntamos cómo a estos multiasesinos que no han mostrado el mínimo arrepentimiento por sus horribles crímenes se les aplican medidas de gracia y no, por ejemplo, al resto de presos ordinarios, condenados por delitos mucho menores y a quienes no se les aplica el tercer grado. Los presos de ETA siempre han gozado de un estatus especial respecto a otros reclusos.
Mientras continúan los homenajes a presos de ETA, las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas y utilizadas políticamente.
ETA se disolvió en 2018, pero la plena normalidad democrática no llegará la sociedad vasca mientras los verdugos no reconozcan el daño causado, pidan perdón y cumplan íntegramente sus responsabilidades.
