¿Recuerdan aquel anuncio de la televisión “Hacienda somos todos”? Comienza la campaña de la renta coincidiendo con el inicio del juicio de las mascarillas, donde algunos desalmados hicieron negocio en plena pandemia, mientras la gente moría por falta de respiradores y de material sanitario como consecuencia del COVID.
Entre ellos se sienta en el banquillo quien fue mano derecha de Pedro Sánchez, ex secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
¿Dónde va el dinero de nuestros impuestos? ¿A putas y cocaína o realmente a lo importante?
Hemos visto cómo la causa del accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas, ha sido la falta de mantenimiento de la red ferroviaria. Es decir, el dinero de nuestros impuestos, que debería destinarse a mejorar la calidad de nuestros servicios públicos (educación, sanidad, dependencia, infraestructuras …), acaba utilizándose para que algunos ministros coloquen a sus amiguitas en empresas públicas o para pagarles el alquiler de un piso en el centro de Madrid.
Pagar impuestos no debería ser un problema si con nuestro dinero se construyen hospitales, se mejoran carreteras y se garantiza el bienestar de todos los ciudadanos. El verdadero problema es la mala utilización del dinero de todos los contribuyentes.
El infierno fiscal se ceba sobre todo en la clase media y los trabajadores. En España tenemos un sistema impositivo progresivo, de modo que quien más gana, más paga. Sin embargo, esto no siempre se cumple en la práctica. Grandes multinacionales pagan el 3% sobre los ingresos mientras las empresas españolas tributan al 25%.
El rico de verdad no paga impuestos porque tiene mecanismos legales y asesoramiento para reducir al mínimo su carga fiscal, mientras que quienes viven de una nómina no tienen margen para hacerlo.
En España se pagan muchos impuestos. Es el cuarto país de la UE en presión fiscal. La presión fiscal en España ha alcanzado el 38,1% del PIB en 2025, un nivel récord, elevando la carga sobre empresas y ciudadanos. Sin embargo, en relación a los impuestos que pagamos, no existe una correlación clara con los servicios sociales que recibimos.
La Comunidad Valenciana y Cataluña son donde más impuestos se pagan. A pesar de las promesas del PP de bajar los impuestos, ni siquiera podrán aplicarse algunas de las deducciones fiscales anunciadas, como los 150 euros para la compra de instrumentos musicales o las tasas de conservatorios.
La Comunidad Valencia se ha convertido en un auténtico infierno fiscal, iniciado con el Gobierno del Botànic y continuado con PP y Vox, que prometió eliminar el impuesto de Patrimonio, que ya suprimió José Luis Rodríguez Zapatero por considerarlo un impuesto que implicaba una doble tributación.
Esto ocurre no porque se paguen pocos impuestos, como dice la izquierda, que considera que la solución es aumentarlos, sino por una gestión ineficiente el dinero público. España ha recaudado vía impuestos más que nunca, alcanzando un máximo histórico de recaudación fiscal en 2025, llegando a los 325.356 millones de euros (un 10,4% más) y una presión fiscal del 38,1% del PIB. Este aumento se debe principalmente al IRPF, que creció un 10,1% hasta los 142.466 millones, y al IVA, que subió un 9,9% hasta los 99.532 millones
La recaudación ha batido registros históricos, con más de 97 subidas de impuestos y ajustes desde 2018, lo que ha generado un "infierno fiscal", con un aumento del 51% en ingresos tributarios desde 2019.
