Si Mónica Oltra exigía dimisiones por simples imputaciones cuando afectaban a sus adversarios políticos, ¿con qué autoridad moral se presenta ahora a la alcaldía de Valencia sentada en el banquillo por un presunto encubrimiento gravísimo?
Durante años, la izquierda convirtió la “ejemplaridad” en un arma política. Bastaba una investigación judicial para pedir cabezas, organizar campañas mediáticas y señalar públicamente al adversario. Lo hicieron con Francisco Camps, Rita Barberá, Cristina Cifuentes o Soraya Sáez de Santamaría. Entonces no hablaban de “lawfare”, hablaban de regeneración democrática.
Francisco Camps fue absuelto de todos los delitos después de quince años de persecución política y judicial. Quince años soportando la pena del telediario, campañas de linchamiento y condenas públicas anticipadas. Nadie le pidió perdón después.
Ahora, cuando la causa afecta a una de las suyas, todo cambia. La Audiencia de Valencia, máximo órgano judicial de la provincia, ha reabierto la causa contra Oltra. Pero ya no hay exigencias de dimisión ni escándalo moral. Hay platós amigos, entrevistas complacientes y discursos victimistas sobre conspiraciones judiciales.
Oltra ha elegido perfectamente la cadena de televisión, La Sexta, para conceder su primera entrevista pública después de anunciar su candidatura a la alcaldía de Valencia por Compromís. . No la veo sentada delante de los micrófonos de Carlos Alsina o de las cámaras de la 8 Mediterráneo.
Lo más grave no es solo la contradicción. Lo más grave es la normalización. Una dirigente imputada por el presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada se pasea por televisiones dando lecciones éticas como si nada hubiera ocurrido y la izquierda aplaudiéndolo.
La doble vara de medir de cierta izquierda ya no sorprende. Lo que sorprende es que todavía pretendan dar lecciones de decencia pública a los demás.
Me pregunto qué estaría pasando en España si, en lugar de Mónica Oltra, fuera una candidata del PP imputada por una causa similar quien anunciara su candidatura a la alcaldía de Valencia.
¿Cuántas portadas habría? ¿Cuántas tertulianos indignados? ¿Cuántos especiales en televisión hablando de “ejemplaridad”, “ética pública” y “responsabilidad política”?
Llevamos años escuchando que una simple imputación era motivo suficiente para exigir dimisiones inmediatas. Así actuaban quienes hoy guardan silencio o justifican lo injustificable cuando la acusada pertenece a su espacio político.
La situación procesal de Mónica Oltra desmonta además uno de los argumentos más repetidos por sus defensores: que todo estaba archivado y aclarado judicialmente.
No es así. La Audiencia Provincial de Valencia reabrió la causa al considerar que existían indicios suficientes para continuar el procedimiento. Es decir, no estamos hablando de una denuncia sin recorrido ni de una simple polémica política, sino de un proceso judicial que sigue vivo y pendiente de juicio.
Y precisamente por eso sorprende todavía más la naturalidad con la que una parte de la izquierda política y mediática trata el caso. Porque si la situación fuera exactamente la misma pero afectara a una dirigente del PP, el debate público sería radicalmente distinto.
