En el debate público sobre la conflictividad laboral y sindical en España aparece con frecuencia una idea recurrente: que las huelgas y movilizaciones no responden siempre a criterios homogéneos, sino que varían en intensidad según el contexto político. Esta percepción, compartida por algunos sectores sociales, genera discusión sobre el papel real de los sindicatos y su capacidad de actuar con independencia del signo del gobierno de turno.
Durante los ocho años del Gobierno del Botánic no se convocó ninguna huelga en la educación, a pesar de que desde el profesorado se venían planteando demandas salariales y mejoras laborales. Tras tres años del Gobierno del PP, en cambio, hay convocada una huelga indefinida en un momento especialmente delicado del curso académico, coincidiendo con la preparación de los exámenes de la EBAU.
Los problemas salariales del profesorado no son nuevos, pero ha tenido que ser ahora, con un gobierno del PP, cuando los sindicatos han decidido salir a la calle y anunciar una huelga indefinida.
A nivel nacional, el debate se amplía todavía más. Mientras los casos de corrupción que rodean al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez copan titulares, los sindicatos permanecen en silencio.
No hay manifestaciones en la calle para denunciar la corrupción del Gobierno ni tampoco para denunciar las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes.
Todo ello alimenta la percepción de que parte de la movilización sindical responde más a afinidades ideológicas que a una defensa constante de los trabajadores, independientemente de quién gobierne.
A ello se suma un problema estructural que atraviesa distintos gobiernos: la vivienda. Tras siete años de gobierno progresista, el problema de la vivienda sigue sin resolverse. Se responsabiliza a los grandes fondos de inversión mientras sigue sin construirse vivienda pública en nuestro país. El coste recae en el propietario que ha ahorrado toda su vida para comprar una vivienda y que decide ponerla en alquiler y cuya renta sirve para compensar su exhausta pensión.
Tras años de diferentes ejecutivos, el acceso a una vivienda digna sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales, especialmente entre los jóvenes. El incremento de precios, tanto en alquiler como en compra, ha tensionado el mercado sin que las soluciones adoptadas hayan logrado revertir de forma clara la tendencia.
Pero esta situación a los sindicatos parece importarles bien poco mientras haya un gobierno progresista.
