No hay día en que nos levantamos sin conocer un nuevo escándalo de corrupción. La situación del Gobierno es insostenible. La imagen de los políticos y las instituciones está por los suelos. El relato que mantiene el Gobierno y los medios afines de que todo forma parte de una conspiración de jueces y periodistas para derribar el Gobierno, es peligrosísimo.
La negativa de Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza o a convocar elecciones anticipadas, ambas prerrogativas corresponden al presidente del Gobierno, están causando un grave daño a nuestra democracia.
Sánchez se ha quedado sin el apoyo parlamentario que le llevó a La Moncloa. El PNV y Junts ya reclaman elecciones anticipadas, y otro lado, no se han presentado los PGE, algo que constituye una obligación constitucional.
Gobernar de espaldas al Parlamento tiene sus consecuencias, y ninguna de ellas es positiva.
Si Sánchez no toma la decisión de convocar elecciones, deberían ser sus socios, ERC, Bildu, BNG y Sumar, quienes deberían dejar de apoyar a un Gobierno corrupto, más presente en los juzgados que en el Parlamento.
Pedro Sánchez no solo ha destruido la credibilidad en las instituciones y de la clase política, también está desangrando a un partido con más de 140 años de historia, que ha sido fundamental en la historia de nuestro país por los logros sociales que ha conseguido.
No voy a enumerar los casos de corrupción ni las personas que han sido imputadas, también en su entorno familiar, porque los españoles los conocen de sobra y cada semana aparece una nueva información que agrava todavía más la situación.
Lo verdaderamente preocupante es la degradación institucional a la que estamos asistiendo: un Gobierno atrincherado, bunkerizado, si permiten la expresión, sin mayoría parlamentaria sólida, sin Presupuestos Generales del Estado y enfrentado permanentemente a jueces, periodistas y a cualquier institución que no se pliegue a su relato.
Hemos escuchado a periodistas de RTVE negar el registro que se efectuó en la sede del PSOE en Ferraz, ordenado por el juez Santiago Pedraz, en un intento más por minimizar unos hechos gravísimos que harían caer a cualquier Gobierno.
Cuando los medios públicos dejan de ejercer una labor informativa rigurosa y pasan a actuar como instrumentos de defensa del Gobierno, el deterioro institucional se agrava todavía más. Una democracia sólida necesita medios públicos independientes, no altavoces al servicio del poder político.
España necesita recuperar la normalidad democrática, el respeto institucional y la confianza de los ciudadanos en la política. Y eso solo puede lograrse devolviendo la voz a los españoles en las urnas.
Si Pedro Sánchez en lugar de hacer chistes sobre la convocatoria electoral, como hizo en el Vaticano en respuesta a Emiliano García- Page tuviera presente los intereses generales de este país, que demandan claramente un adelanto electoral, actuaría con mayor responsabilidad institucional y escucharía el creciente malestar de una parte importante de la ciudadanía.
