El anuncio de Mónica Oltra de presentarse como candidata a la alcaldía de Valencia por Compromís en las elecciones del próximo año, pese a su imputación por el presunto encubrimiento de su marido por los abusos sexuales cometidos contra una menor tutelada por su pareja cuando Oltra era consejera de Igualdad y vicepresidenta del Consell de Ximo Puig es visto desde la izquierda nacionalista como algo normal. No era ese el criterio de Mónica Oltra cuando le exigía a Francisco Camps su dimisión por el tema de los trajes.

La doble moral de la izquierda, según el caso les afecte o no, es muy recurrente. La otra es tildar a los jueces y periodistas de fascistas con toga o propagadores de bulos. Lo hemos visto ahora con la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y cómo la prensa afín ha salido en su defensa, poniendo en tela de juicio la labor de los jueces en un estado de Derecho y calificándolo de “golpe judicial”. Unas acusaciones gravísimas en una democracia.

Me pregunto ¿Cuál sería la reacción de buena parte de la izquierda si el Partido Popular o Vox presentaran como candidato a una persona imputada en una causa de gran repercusión mediática? Probablemente escucharíamos las mismas exigencias de ejemplaridad que durante años han formado parte del discurso político de quienes hoy justifican lo que antes condenaban.

Nadie cuestiona que una persona imputada pueda presentarse a unas elecciones, si el candidato es de izquierdas. Cosa distinta es si el PP o Vox optaran por un candidato imputado en un caso de corrupción.

Estamos normalizando ciertas cosas que en cualquier otro país de nuestro entorno serían impensables. Cómo que el Gobierno siga aguantando, pese a no tener los apoyos parlamentarios suficientes y estar inmerso en numerosos casos de corrupción que afectan a ministros, ex presidentes y el entorno familiar del presidente Pedro Sánchez con su mujer y su hermano imputados.

Simplemente por una cuestión de de higiene democrática Sánchez debería disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. El daño que está causando a la democracia y a su propio partido es inmenso, pese a rodearse de palmeros que le ríen las gracias.

Muy mal deben estar en Compromís para no encontrar una candidata o candidato para presentarse a las elecciones.

Oltra concurrirá a las elecciones pese a estar imputada en la causa relacionada con el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido contra una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, hechos ocurridos cuando ella era consejera de Igualdad y vicepresidenta del Consell presidido por Ximo Puig. Será la Justicia quien determine su responsabilidad o inocencia, cuestión que nadie debería prejuzgar. Sin embargo, la discusión política no gira únicamente en torno a la responsabilidad penal, sino también a la coherencia y a la ejemplaridad exigibles a quienes aspiran a ocupar cargos públicos. La misma que le exigen a Carlos Mazón para que renuncie a su aforamiento y pueda ser juzgado por un tribunal ordinario.

Resulta inevitable recordar que la propia Mónica Oltra fue una de las voces más contundentes a la hora de exigir dimisiones y responsabilidades políticas a dirigentes de otros partidos que se encontraban inmersos en procedimientos judiciales. También es difícil olvidar cómo determinados sectores de la izquierda defendían hace años la necesidad de apartar de la primera línea política a cualquier cargo público investigado, argumentando que la regeneración democrática debía situarse por encima de cualquier interés partidista. Basta con echar un vistazo a la hemeroteca para comprobar lo que decía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición y compararlo con la actitud que mantiene ahora desde el Gobierno. Quien exigía responsabilidades políticas inmediatas ante cualquier sospecha de corrupción guarda hoy silencio mientras su Ejecutivo se ve salpicado por distintos escándalos y causas judiciales. La diferencia entre el discurso de entonces y los hechos de ahora resulta difícil de justificar y alimenta la sensación de que la exigencia ética solo se aplica cuando afecta al adversario político.

Tampoco ayuda la tendencia cada vez más frecuente a desacreditar a jueces, fiscales o medios de comunicación cuando las investigaciones afectan a figuras ideológicamente afines. En una democracia consolidada, las resoluciones judiciales pueden ser criticadas y debatidas, pero cuestionar sistemáticamente la legitimidad de las instituciones cuando sus actuaciones resultan incómodas supone un peligroso deterioro de la confianza pública.

La presunción de inocencia debe ser respetada siempre, sin excepciones. Es un principio fundamental del Estado de Derecho. Pero la ejemplaridad política es otra cuestión distinta. Los ciudadanos tienen derecho a exigir a sus representantes un comportamiento coherente con los principios que dicen defender. No se puede reclamar un estándar ético para los adversarios y otro diferente para los propios.

En este contexto, la decisión de Compromís de apostar nuevamente por Mónica Oltra transmite una imagen contradictoria. Más allá de su trayectoria política o de su capacidad electoral, el mensaje que se envía es que las circunstancias que en otros tiempos se consideraban incompatibles con una candidatura ya no constituyen un obstáculo cuando afectan a una figura relevante del propio espacio político.

Quizá el problema de fondo no sea la candidatura de Oltra en sí misma, sino la creciente normalización de comportamientos y decisiones que hace unos años habrían generado una fuerte contestación social. Cuando los principios se adaptan en función de quién resulte afectado, la confianza de los ciudadanos en las instituciones se resiente.

Compromís está en su derecho de elegir a quien considere más conveniente para encabezar su proyecto político. Del mismo modo, los valencianos tendrán la oportunidad de valorar en las urnas si comparten esa decisión. En democracia, el veredicto final siempre corresponde a los ciudadanos. Pero eso no impide preguntarse si un partido que durante años hizo bandera de la regeneración política no debería haber sido más exigente consigo mismo que con sus adversarios.