Los defensores del sanchismo sostienen que existe una conspiración de los poderes judiciales y mediáticos para tumbar un gobierno legítimamente constituido. Semejante barbaridad es compartida incluso por algunos magistrados en excedencia y otros que han sido apartados de la carrera judicial que frecuentan los platós de televisión para cuestionar la independencia judicial.
Cuando uno enciende la televisión y escucha a los tertulianos que suelen participar en RTVE debatiendo sobre lo divino y lo humano, incluso los hay que sin tener ninguna titulación universitaria ni el menor conocimiento en Derecho, se permiten cuestionar resoluciones judiciales como el auto del juez Calama, quien, cabe suponer, posee conocimientos jurídicos más que suficientes para fundamentar sus decisiones.
El Gobierno, en mi opinión, está contribuyendo de forma deliberada y torticera a extender la idea de que todo forma parte de una confabulación para derribar al Gobierno mediante “malas artes”. Sin embargo, esas supuestas malas artes son las que han llevado ante los tribunales al hermano y a la esposa del presidente del Gobierno; a dos ex secretarios de Organización del PSOE; a un ministro; al fiscal general del Estado por revelación de secretos; y a un ex presidente del Gobierno, por primera vez en democracia, por el presunto cobro de comisiones relacionadas con el rescate de la compañía aérea, Plus Ultra.
En el caso del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la cuestión es doblemente grave porque a su condición de expresidente se añade la de referente moral de buena parte de los socialistas. Si finalmente resultara condenado, muchos tendrían dificultades para explicar cómo quien fue presentado durante años como una referencia ética acabó sentado en el banquillo. Es muy probable que para entonces ya nadie lo conozca, como ha ocurrido con Santos Cerdán o José Luis Ábalos, cuyos antiguos compañeros de viaje hoy procuran mantener a prudente distancia.
Todo ello, por el momento, porque no puede descartarse que las investigaciones judiciales actualmente en curso den lugar a nuevas imputaciones o a nuevas actuaciones procesales.
Lo que verdaderamente urge en estos momentos de creciente polarización política es dejar trabajar a la Justicia con independencia y sin presiones de ningún tipo. Corresponde a los jueces investigar, valorar las pruebas y dictar las resoluciones que procedan, y corresponde a los responsables políticos respetar ese proceso y no ponerlo permanentemente en cuestión en función de las resoluciones judiciales. En un Estado de Derecho, las sentencias no pueden sustituirse por consignas ni las investigaciones judiciales desacreditarse sistemáticamente por razones de conveniencia partidista
