El PP depende cada vez más de Vox, y esa es una de las razones por las que Alberto Núñez Feijóo no quiera presentar una moción de censura.
Hace 46 años, en 1980, Adolfo Suárez se enfrentó a la primera moción de censura de la democracia española. La presentó Felipe González y la defendió en el Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra. La iniciativa fue derrotada por 24 votos. El resultado fue de 166 votos en contra de los escaños de la UCD frente a los 152 votos a favor de socialistas, comunistas, andalucistas y tres diputados del grupo mixto, pero sirvió para convertir al líder socialista en una alternativa real de gobierno. Diez meses después, Adolfo Suárez presentó su dimisión.
Alfonso Guerra defendió aquella moción de censura como un “deber moral” con los ciudadanos. En las elecciones de 1982, el PSOE ganó por mayoría absoluta con 202 escaños.
El PP tiene un deber moral de presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Serviría no solo para retratar a los socios del Ejecutivo que han puesto la línea roja en la financiación ilegal del PSOE sino también para presentar a Feijóo como una alternativa sólida para la presidencia del Gobierno. A veces, lo importante no es ganar una moción de censura, como le ocurrió a Felipe González, sino demostrar que existe una alternativa política viable.
El problema de Núñez Feijóo son los compañeros de viaje. Ni el PNV ni Junts, aliados naturales en otros tiempos, apoyarían una moción de censura con los votos de Vox.
El PP dice que presentarla sería darle un balón de oxígeno al Gobierno. Sin embargo, en el fondo los populares saben que una moción de censura pondría de manifiesto su dependencia de Vox y evidenciaría la imposibilidad de sumar apoyos suficientes para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa.
Pero la política no consiste únicamente en sumar votos. También consiste en asumir responsabilidades. Como defendió Alfonso Guerra en 1980, hay momentos en los que presentar una moción de censura se convierte en un deber moral con los ciudadanos. Si el PP considera que España atraviesa una situación excepcional y que el Gobierno ha perdido la confianza de la mayoría social, tiene la obligación política de demostrarlo en el Parlamento. Aunque pierda la votación.
