El portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo tuvo que rectificar después de afirmar que el valor de las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de Zapatero tenían un valor de entre 30.000 y 50.000 euros, cuando la tasación judicial supera los 1,3 millones de euros. Arroyo llegó a acusar a los medios de comunicación de precipitación. Este señor es tertuliano habitual en la Noche en 24 horas, el programa que dirige Xavier Fortes.
Días después de hacer esta afirmación pidió disculpas en su cuenta de X por haber inducido a error sobre el valor real de las piezas. Sus intervenciones van siempre en la misma línea de defender al Gobierno de Pedro Sánchez. Pasa lo mismo con otros habituales de la televisión pública como Jesús Maraña, Antón Losada o Esther Palomera. Pero ocurre exactamente igual en la bancada de la derecha con Antonio Naranjo o Francisco Marhuenda. El periodismo ha perdido el espíritu crítico y fiscalizador que debe mantener con los poderes del Estado.
El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, defensor de dictaduras como la venezolana, donde actuó como mediador, pero siempre de parte de Maduro y referente moral y ético de la izquierda de este país está acusado de seis delitos, entre ellos el de contrabando. Zapatero tendrá que explicar ante el tribunal la procedencia de estas joyas y si tributó por ellas en España.
El caso de José Luis Rodríguez Zapatero es doblemente inmoral porque mientras en los mítines del PSOE y en numerosas entrevistas proyectaba una imagen de integridad y ejemplaridad pública, ajena a cualquier escándalo de corrupción, ahora se ve obligado a dar explicaciones sobre unos hechos que han generado una gran controversia política y mediática.
Más allá de las simpatías o discrepancias ideológicas que pueda suscitar la figura del expresidente, la exigencia de transparencia debe aplicarse a todos los responsables públicos por igual. Cuando una personalidad que ha ocupado las más altas responsabilidades del Estado se encuentra bajo investigación por hechos de esta relevancia, la obligación de ofrecer explicaciones claras y convincentes es aún mayor. La credibilidad de las instituciones también depende de que quienes han ejercido el poder rindan cuentas ante la ley con la misma normalidad que cualquier otro ciudadano.
Respetando siempre la presunción de inocencia, el casode José Luis Rodríguez Zapatero, de confirmarse judicialmente los delitos que se le imputan, constituiría uno de los episodios más graves de la historia política reciente de España. No solo por la relevancia institucional de quien fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas, sino también por el contraste entre la imagen pública que proyectó durante años y las conductas que ahora están siendo investigadas. Precisamente por haber ocupado las más altas responsabilidades del Estado, el nivel de exigencia ética y de ejemplaridad que la sociedad reclama es necesariamente mayor. Sin embargo, conviene insistir en que corresponde exclusivamente a los tribunales determinar los hechos y establecer, en su caso, las responsabilidades penales que pudieran derivarse de ellos.
José Luis Ábalos también enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción al defender en el Congreso de los Diputados la moción de censura contra Mariano Rajoy, tras la sentencia de la Gürtel , una iniciativa que terminó provocando la caída de su Gobierno. Aquella moción se presentó como un ejercicio de regeneración democrática y de exigencia ética en la vida pública.
El caso Koldo, las polémicas relacionadas con Leire Díez, la investigación que afecta a Santos Cerdán y, más recientemente, las diligencias judiciales que salpican a José Luis Rodríguez Zapatero obligan al Gobierno de Pedro Sánchez a plantearse seriamente el final de la legislatura y la convocatoria de elecciones anticipadas. La acumulación de escándalos, controversias e investigaciones ha erosionado gravemente la confianza de una parte de la ciudadanía y amenaza con seguir deteriorando la credibilidad de las instituciones. Por responsabilidad política, y con independencia de lo que determinen los tribunales en cada caso, el Ejecutivo debería devolver la palabra a los ciudadanos antes de que el desgaste institucional y la polarización continúen debilitando la confianza en el Estado de Derecho.