Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, el profesorado de la enseñanza pública valenciana ha suspendido las movilizaciones hasta la llegada del curso escolar, cuando se retomarán para presionar al gobierno de Juanma Pérez Llorca, que si algo ha demostrado durante este mes de huelga indefinida es voluntad de diálogo. Todo lo contrario de lo que ocurrió durante los ocho años de gobierno del Botànic, donde no se atendió ninguna de estas demandas; eso sí, son los primeros en ponerse al frente de la manifestación a favor del profesorado de la enseñanza pública. No podía faltar el inefable Joan Baldoví, que visita las cadenas de televisión amigas embutido con la camiseta verde. Supongo que este fervor por las camisetas reivindicativas viene de la época de Mónica Oltra, cuando la exvicepresidenta del Consell se hizo famosa en los medios por lucir camisetas señalando a Francisco Camps, que, tras quince años de procesos judiciales, resultó absuelto.
Las manifestaciones que se han producido tienen un componente político claro que nada tienen que ver con las reivindicaciones justas del profesorado.
Entre las reivindicaciones hay algunas que no tienen nada que ver con las infraestructuras, la ratio o la mejora salarial, sino que tienen que ver con el uso del valenciano como lengua vehicular. Es decir, volver al mismo modelo sectario y de imposición del valenciano que propició Compromís cuando asumió la cartera de Educación, con Vicent Marzá como consejero y hoy diputado en el Parlamento Europeo.
El PP ganó las elecciones autonómicas con un programa electoral que no pueden revertir los sindicatos ni la oposición. Me refiero a la ley de libertad educativa. Es decir, que sean los padres quienes elijan la lengua en la que quieren que se eduque a los hijos. Frente a la imposición, libertad de elección.
En la Comunidad Valencia, y así lo recoge el Estatuto de Autonomía, existen dos lenguas cooficiales, que son el castellano y el valenciano.
La política lingüística del Botánic fue cargarse el castellano de la enseñanza pública. Lo mismo que ocurre en Cataluña, donde solo se imparte el 25% de la enseñanza en castellano, cuando lo normal sería que existiera una equidad entre las dos lenguas.
El fundamentalismo de la izquierda en materia de la lengua es de imposición frente al modelo que defiende el PP, donde se deja libertad de elección a los padres.
La lengua no debería ser nunca utilizada políticamente ni ser un elemento de confrontación.
Los sindicatos CCOO, UGT y STEPV han señalado que consideran sus reivindicaciones en materia lingüística como parte esencial de sus demandas; sin embargo, es algo que es absolutamente innegociable e inasumible por parte del Gobierno de la Generalitat porque la ley de libertad educativa está aprobada en les Corts, donde reside la soberanía popular.
Ni los sindicatos ni las acampanadas en la Plaza de la Virgen pueden alterar un resultado electoral y un programa político que votaron los valencianos.
