No hay un solo día en que uno no se levante con un nuevo escándalo de corrupción que afecte al Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que realmente me asombra es que, a pesar de esta situación, el PSOE siga cosechando en torno al 30% de los votos y que la diferencia entre socialistas y populares sea de apenas seis puntos, cuando lo normal sería que fuera mucho mayor.
Solo el ascenso de Vox permitiría a los populares gobernar en un hipotético gobierno de coalición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo no es capaz por sí solo, con la que está cayendo, de ampliar la distancia entre el PSOE y el PP.
Vox está captando buena parte del voto del descontento procedente del PP y las encuestas lo sitúan cerca de los 60 escaños como tercera fuerza política.
El problema del PP cuando hace discursos criticando la corrupción del Gobierno es que los populares no son precisamente los más indicados para dar lecciones en esta materia, debido a los numerosos casos que han afectado al partido a lo largo de los años. Esta circunstancia dificulta que una parte del electorado perciba una diferencia clara entre ambos partidos en cuestiones de regeneración democrática y transparencia.
Las sesiones de control al Gobierno se han convertido en un permanente “y tú más”. Feijóo ataca a Sánchez por los casos de corrupción que afectan al entorno socialista, como los de Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García, mientras que el presidente del Gobierno responde recordando los escándalos que salpicaron al PP, con la Gürtel o la operación kitchen.
Este intercambio de reproches evidencia la dificultad de los dos grandes partidos para presentarse ante la opinión pública como referentes de regeneración democrática. La corrupción se ha convertido en un arma arrojadiza en el debate político, pero rara vez en un motivo de autocrítica, alimentando así el desencanto de una parte creciente del electorado.
Mientras tanto, asistimos a una legislatura agónica, con un Parlamento paralizado y con escaso margen de maniobra, incapaz de sacar adelante iniciativas legislativas de calado ni siquiera la ley más importante para un Gobierno, como son los Presupuestos Generales del Estado.
La debilidad parlamentaria del Ejecutivo y la fragmentación de la Cámara dificultan la búsqueda de consensos estables, prolongando una situación de bloqueo político que repercute en la acción de gobierno y aumenta la sensación de desgaste institucional.
