El rey emérito tuvo que marcharse de España por cobrar comisiones y aceptar regalos de las monarquías del Golfo Pérsico. También por tener cuentas en paraísos fiscales. Desde que salió a la luz pública todo su patrimonio vive exiliado en Abu Dabi, lejos del foco mediático español. El rey Juan Carlos regularizó su situación fiscal en España mediante el pago de varios millones de euros a Hacienda, con el objetivo de saldar posibles deudas tributarias derivadas de rentas y regalos no declarados.
Los delitos fiscales que se le imputaban al rey emérito fueron utilizados por la izquierda para arremeter contra la monarquía y desacreditar el legado de la Transición, así como el papel del Rey Juan Carlos en el proceso democrático y su papel clave durante el 23-F para frenar el intento de golpe de Estado.
En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha declarado hoy ante la Audiencia Nacional como investigado, antes imputado, el rey Juan Carlos nunca fue imputado ni condenado, el expresidente del Gobierno se enfrenta a varios delitos, entre ellos contrabando y fraude fiscal. Unos delitos que de confirmarse los hechos podrían acarrear hasta once años de cárcel. Es la primera vez en la democracia española que un expresidente del Gobierno se sienta en el banquillo de los acusados para responder ante la Justicia por presuntos delitos.
La justicia es una de las pocas instituciones que sigue funcionando en nuestro país, a pesar de la persecución a la que se ve sometida por el poder político.
Las joyas encontradas en su despacho, procederían presuntamente de regalos y no de una herencia familiar, como se sostuvo inicialmente. Su valor ascendería a 1,3 millones de euros y no a los 30.000 euros, que, en un primer momento, aseguró su portavoz, Luis Arroyo, quien días después tuvo que rectificar y pedir disculpas.
El posible delito fiscal podría haber prescrito, ya que han transcurrido más de cinco años. Sin embargo, la prescripción no implica necesariamente que los hechos no hubieran podido constituir un delito, sino que ya no podrían ser perseguidos penalmente.
La Audiencia está investigando también el presunto cobro de comisiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra durante la pandemia por valor de 53 millones de euros. El juezha rechazado retirarle el pasaporte, tal y como solicitaba la Fiscalía anticorrupción, al no apreciar riesgo defuga ni de destrucción de pruebas.
Quien para muchos representaba un referente moral de la izquierda y proyectaba una imagen de honradez y ejemplaridad política, mientras impartía lecciones a los demás de democracia y mantenía una estrecha relación con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, afronta ahora una situación procesal compleja. De momento, no ha dado explicaciones sobre el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho. Ni sabemos tampoco si las declaró.
Según el ex ministro socialista Miguel Sebastián, defensor acérrimo de Zapatero, el ex presidente del Gobierno no tenía ninguna obligación de declarar dichas joyas. Parece que los expresidentes, a diferencia del resto de los mortales, no tienen obligaciones fiscales y no están obligos a declarar los “regalillos” de más de un millón de euros ante Hacienda. Pecata minuta comparado con los regalos de boda, que sí estamos obligados a declarar.
Digo yo, sin ser experto en materia tributaria, que regalos por valor de más de un millón de euros constituyen un incremento patrimonial de considerable importancia como para declararlos ante el fisco.
Ahora que ha comenzado la campaña de la renta, seguro que todos los españoles vamos con más ganas que nunca a cumplir con nuestras obligaciones fiscales.
