Al igual que para algunos parece haber dictaduras buenas y dictaduras malas, también existen pactos buenos y pactos malos. Sin querer caer en un maniqueísmo innecesario, da la impresión de que los acuerdos son plenamente legítimos cuando los firma la izquierda, pero dejan de serlo cuando los realiza la derecha. Ese es, al menos, el mensaje que algunos sectores políticos y mediáticos transmiten tras determinados resultados electorales. Sin embargo, en una democracia parlamentaria los acuerdos entre partidos forman parte del funcionamiento normal de las instituciones, independientemente de la ideología de quienes los suscriban.
En el caso de Andalucía, se ha criticado con dureza el acuerdo de legislatura entre PP y Vox incluso antes de conocerse en profundidad su contenido. Desde la izquierda se ha afirmado que dicho pacto será perjudicial para los andaluces, anticipando consecuencias negativas sin esperar a valorar las medidas concretas que puedan derivarse del mismo. Veremos en qué se sustentan las políticas de “prioridad nacional” que Vox quiere llevar a cabo en todo el territorio nacional. Resulta llamativo que se emitan juicios tan contundentes antes de conocer el alcance real de los acuerdos alcanzados y cuando todavía no solo no se han puesto en práctica, sino que ni siquiera se ha conformado el Gobierno ni se ha cerrado el reparto de consejerías. Hasta el momento, lo único quese conoce es que la cartera de Agricultura no estará en manos de Vox. Los de Abascal han situado tradicionalmente entre sus principales prioridades la defensa del campo, la agricultura, la ganadería y la actividad cinegética, presentándolas como cuestiones estratégicas dentro de su proyecto político, por lo que resulta especialmente significativo que Agricultura quede fuera de sus áreas de gestión.
Los resultados electorales, además, parecen reflejar una realidad distinta a la interpretación realizada por algunos dirigentes políticos de izquierda. PP y Vox sumaron el 55,42 % de los votos y obtuvieron 68 escaños, una cifra que supera ampliamente la mayoría absoluta. Frente a ello, las fuerzas de izquierda representaron el 38,64 % del apoyo electoral. Más allá de las valoraciones ideológicas que cada ciudadano pueda hacer, los datos muestran una clara preferencia mayoritaria por las fuerzas políticas del bloque conservador.
Los andaluces, mediante su voto, expresaron de forma democrática cuál era la composición política que deseaban para el Parlamento autonómico. Escuchando la tensa sesión de investidura celebrada en el Parlamento andaluz, con acusaciones de “fraude” y “opacidad” por parte de algunos representantes políticos y fuertes críticas al pacto entre PP y Vox, cualquiera podría pensar que se había producido una alteración de la voluntad popular o algún tipo de irregularidad institucional. Sin embargo, el proceso se desarrolló dentro de la más absoluta legalidad y normalidad democrática.
La paradoja es que quienes criticaban con mayor dureza el acuerdo entre PP y Vox tenían también herramientas parlamentarias para evitar o modificar ese escenario político. La izquierda podría haber optado por una estrategia distinta, como facilitar la investidura de Juanma Moreno Bonilla mediante una abstención que habría evitado al PP depender de los votos de Vox.
El otro escenario que se barajaba y que el presidente de la Junta de Andalucía no descartaba era acudir a una nueva repetición electoral, una opción que tampoco habría contribuido a despejar el horizonte político con una mayoría clara y que, previsiblemente habría generado una mayor inestabilidad parlamentaria
