Por primera vez en la historia de nuestra democracia, un ex presidente del Gobierno ha sido imputado por presuntos delitos de contrabando y blanqueo de capitales, y el hermano del presidente del Gobierno, condenado por un delito de malversación. Son hechos suficientemente graves como para que Pedro Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones generales, con el fin de devolver la palabra a los ciudadanos. Pero lejos de asumir responsabilidades políticas, prefiere cargar contra los jueces y cuestionar la actuación del poder judicial.
Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno tras prosperar la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy, después de conocerse la sentencia del caso Gürtel. Uno de los principales defensores de aquella iniciativa fue José Luis Ábalos. Quienes prometieron mano dura contra la corrupción y máxima transparencia se han olvidado de aquellos principios cuando las investigaciones judiciales afectan a personas de su propio entorno.
La izquierda ha salido en tromba a cargar contra el poder judicial, con acusaciones tan graves como calificar determinadas actuaciones judiciales de “golpe de Estado judicial”.
Con este Gobierno, la separación de poderes se ha visto gravemente deteriorada. Todo el mundo tenga o no conocimientos jurídicos, opina sobre las resoluciones judiciales. Hemos escuchado a personas tan preparadas en leyes como a Patxi López, que no terminó sus estudios universitarios; Gabriel Rufián, de quien no se conoce ninguna titulación universitaria; o Pablo Fernández, tertuliano habitual en el programa de Nacho Abad, cráneos privilegiados que opinan de todo y saben de todo, incluso más que los magistrados que han accedido a la carrera judicial tras superar unas oposiciones de enorme exigencia.
El Gobierno ha entrado en una espiral peligrosísima al poner en cuestión la independencia judicial. Acusar a los jueces de pretender derribar al Gobierno, como han afirmado algunos ministros y dirigentes políticos, supone un grave deterioro de la confianza en una de las instituciones fundamentales del Estado de derecho.
En una democracia, las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica y de recurso, pero no deberían ser deslegitimadas mediante acusaciones generales que cuestionen la imparcialidad del conjunto del Poder Judicial sin aportar pruebas concluyentes. La separación de poderes constituye uno de los pilares esenciales de cualquier Estado democrático y debe ser preservada por todos los responsables públicos.
La imagen que España está proyectando al exterior es profundamente preocupante con ministros como Óscar Puente, que se pasan el día en la red social X insultando a la oposición, mientras la red ferroviaria española presenta un estado lamentable con cientos de incidencias, retrasos y averías que afectan a miles de ciudadanos.
