Europa ha dado un paso de gigante para facilitar el regreso a España del prófugo de la justicia Carles Puigdemont sin que tenga que responder ante los tribunales españoles por delitos de enorme gravedad. Una decisión que supone una victoria para el independentismo y una derrota para el estado de Derecho y la democracia, porque la ley de Amnistía, independientemente de la interpretación que hagan las instituciones europeas, quiebra el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley.
La ley de Amnistía, que el propio Gobierno socialista calificó durante años de inconstitucional, dejó de serlo en el preciso momento en que Pedro Sánchez necesitó los siete votos de Junts para ser investido presidente del Gobierno. Su aprobación no respondió al interés general ni a una convicción jurídica, sino a una necesidad política: mantenerse en La Moncloa a cualquier precio.
Antes de las elecciones de julio de 2023, Sánchez se comprometió ante los españoles no solo a endurecer el Código Penal frente a los delitos relacionados con el procés, sino también a traer de las orejas a Carles Puigdemont para sentarlo en el banquillo de los acusados. Nada de aquello se cumplió. Cuando Sánchez necesitó los votos del independentismo catalán, cambió de opinión. Primero llegaron los indultos, después la Ley de Amnistía, presentada con el falaz argumento de que serviría para mejorar la convivencia y normalizar la situación política en Cataluña. El propio Salvador Illa, hoy presidente de la Generalitat de Cataluña, que en el pasado rechazó esta ley, “ni amnistía ni nada de eso, lo repito para que quede claro”, reclama ahora su aplicación inmediata para facilitar el regreso de Puigdemont sin que tenga que rendir cuentas ante la justicia.
El independentismo ha celebrado con júbilo la sentencia del TJUE al considerar que refuerza la aplicación de la Ley de Amnistía y allana el camino para el regreso de Carles Puigdemont a España. Los partidos secesionistas interpretan el fallo como un respaldo a su estrategia política y como un nuevo revés para quienes defendían que los responsables del procés debían responder ante la justicia española.
La resolución supone un serio contratiempo para la actuación de la justicia española en relación con el procés. El independentismo entiende que el pronunciamiento europeo debilita la posición de los tribunales que habían cuestionado la aplicación de la amnistía y refuerza su exigencia de que la ley se aplique de forma inmediata, permitiendo el regreso de Carles Puigdemont sin que tenga que cumplir pena alguna por los hechos relacionados con el procés por el que si fueron condenados por el Tribunal Supremo otros dirigentes políticos como Oriol Junqueras o Jordi Turull por impulsar un proceso de ruptura del orden constitucional y desafiar de forma deliberada al Estado de derecho, provocando una de las mayores crisis institucionales de la democracia española.
Unos hechos de extraordinaria gravedad que tuvieron lugar en octubre de 2017 y que el TJUE parece relegar a un segundo plano en aras de la convivencia democrática. Poco parece importar que el procés pusiera en jaque el orden constitucional y la unidad de España.
