Son socios del Gobierno y se permiten hablar de vivienda como si la situación no fuera también responsabilidad suya. Han estado ocho años en el poder y no ha construido ni una sola vivienda pública.
Mientras tanto, cargan contra los propietarios de viviendas, señalándolos públicamente, como ha hecho, el diputado de Sumar y miembro de Compromís, Alberto Ibáñez, con el jugador de la selección española y autor del gol que dio la victoria a España en la final del Mundial.
Mientras critican que Torres haya decidido invertir legalmente en la compra de viviendas para destinarlas al alquiler, no muestran el mismo celo cuando se trata de otras personas con un importante patrimonio inmobiliario, como el presentador El Gran Wyoming. Que al igual que Ferran Torres tiene pleno derecho a disponer de su patrimonio e invertir su dinero donde considere oportuno. Lo contrario supone aplicar un evidente doble rasero en función de quién sea el propietario.
Callan, sin embargo, ante los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. Miran hacia otro lado cuando la justicia investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por el presunto cobro de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, rescatada con dinero público por valor de 53 millones de euros.
Defienden retirar todos los privilegios a Carlos Mazón como ex presidente de la Generalitat, mientras evitan pronunciarse sobre otras investigaciones que afectan a personas vinculadas al entorno del Ejecutivo.
Estos días, Joan Baldoví ha visitado en Ontinyent acompañado de Nico Calabuig, recorriendo el mercado municipal, y ha calificado a la ciudad como una zona tensionada. Precisamente Ontinyent que tiene el precio por metro cuadrado más bajo de toda España, con una media de unos 1.100 euros.
Confunden la especulación con el ahorro. Ferran Torres ha decidido invertir el dinero, que ha ganado con su esfuerzo y trabajo comprando viviendas para destinarlas al alquiler. La adquisición de viviendas en este país, al menos de momento, no constituye ningún delito ni está limitada por la ley. Por tanto, el jugador de Foios es libre de invertir su dinero donde quiera y como considere oportuno. Faltaría más.
Torres, a diferencia de otros, como el hermano del presidente del Gobierno, condenado a nueve años de inhabilitación, y cuya residencia fiscal está en Portugal, paga sus impuestos en España.
La izquierda radical quiere intervenir el mercado de la vivienda imponiendo topes a los alquileres, promoviendo un modelo que castiga la iniciativa privada, penaliza el ahorro y desincentiva la inversión, en lugar de impulsar medidas que favorezcan el aumento de la oferta de vivienda.
Algunos dirigentes políticos, como la portavoz de Mas Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ya defienden abiertamente la expropiación de viviendas a determinados propietarios como parte de su política de vivienda, recordando el modelo venezolano de Hugo Chávez. Exprópiese!
Muchos pequeños propietarios, que poseen una o dos viviendas y no son grandes tenedores, y cuya renta les sirve en muchos casos para completar la pensión o los ingresos de su unidad familiar, optan por no sacar sus inmuebles al mercado del alquiler debido a la inseguridad jurídica que existe en España.
La evidencia económica muestra que los controles estrictos sobre los alquileres tienden a reducir la oferta de vivienda a medio y largo plazo. Si la rentabilidad esperada disminuye, parte de la oferta desaparece o deja de crecer.
Los políticos, en lugar de dedicarse a señalar a los ciudadanos que invierten sus ahorros de forma legal donde consideran oportuno, deberían trabajar para garantizar el acceso a la vivienda, un derecho reconocido por la Constitución. Su responsabilidad no es buscar culpables entre quienes actúan dentro de la legalidad, sino impulsar políticas que aumenten la oferta de vivienda y faciliten que más personas puedan acceder a ella.
