Que no nos extrañe a nadie si, dentro de poco, el Gobierno de Pedro Sánchez decide indultar a José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán, en caso de que finalmente fuera condenado y lo mismo podría ocurrir con la mujer o el hermano del presidente del Gobierno si también resultaran condenados. La última decisión que tomó Joe Biden antes de abandonar la Casa Blanca fue conceder un indulto a su hijo.
El indulto nació en España para responder a circunstancias muy concretas y excepcionales. Sin embargo, este Gobierno, como otros anteriores, aprovechan esta ley, que viene de 1870 para aplicarla, según la conveniencia política del momento. En el caso de Laura Borrás, el indulto no obedece a una razón jurídica, sino, a un interés político, como es atraer los siete votos de Junts para sacar adelante los PGE y garantizar la legislatura hasta 2027. En las cábalas del presidente no está ni por asomo la posibilidad de anticipar las elecciones.
Políticos indultando a políticos. ¿Qué legitimidad le queda al Gobierno en su lucha contra la corrupción si termina indultando a quienes han sido condenados por delitos relacionados con el ejercicio de la política?
En un Estado de derecho, las leyes están para cumplirse y nadie está por encima de la ley.
Cuando se conoció la sentencia del llamado caso mascarillas que condenó a José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel, se dijo lo mismo que se ha dicho ahora respecto a la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borrás, que la condena era excesiva. No es de extrañar por tanto que se actúe de la misma manera en ambos casos.
Antes las sentencias se acataban y, si no se estaba de acuerdo con ellas, se recurrían por los cauces legales. Ahora es el propio Ejecutivo quien parece decidir si las condenas impuestas por los tribunales de Justicia son justas o no, abriendo un debate sobre la separación de poderes y el alcance de la figura del indulto, que obviamente debería volver a revisarse, la última modificación es de 2015, para que los políticos corruptos no puedan beneficiarse de ella.
A Pedro Sánchez lo único que le importa es seguir en La Moncloa, al precio que sea. Para ello, se han traspasado todas las líneas rojas. Primero fueron los indultos a los condenados por el “procés” y después la Ley de Amnistía, bajo el falaz argumento de favorecer la convivencia en Cataluña. La situación en Cataluña se ha normalizado porque el Gobierno ha cedido a todos los chantajes del independentismo catalán. Traspaso de competencias, condonación de la deuda, etc, etc, etc.
Sánchez continúa en el poder a pesar de haber perdido la mayoría parlamentaria y sin PGE. Cada proyecto de ley que se presenta se convierte en nueva derrota para el Gobierno, incapaz de reunir los apoyos necesarios para sacarlo adelante.
Mientras los escándalos de corrupción sacuden al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez, la confianza de los ciudadanos en las instituciones sigue deteriorándose.
