Es necesario, cuanto antes, un pacto de Estado entre el Gobierno y la oposición para frenar la inmigración irregular. Lo que se está viviendo en Ceuta y Melilla es, a mi juicio, el resultado de una política de regularización masiva impulsada por Pedro Sánchez.  La política de “papeles para todos” genera  un efecto llamada que, como estamos viendo, tiene consecuencias.

Esto, además, favorece el discurso de la extrema derecha que plantea la expulsión de todos los migrantes.

Es un drama humanitario porque el Gobierno de Marruecos utiliza los flujos migratorios como instrumento de presión política, exponiendo a miles de personas a un enorme riesgo que, en ocasiones, les lleva a la muerte. Mientras tanto, España necesita una política migratoria que combine el respeto a los derechos humanos con un control efectivo de sus fronteras.

Marruecos es una dictadura, bajo la apariencia de monarquía, y Mohamed VI gobierna el país con mano dura. La nueva etapa en las relaciones bilaterales con Argelia, tras la crisis diplomática provocada por el cambio de postura de España respecto al Sáhara Occidental, ha reconfigurado el equilibrio regional y añade un nuevo elemento de complejidad a la política exterior española.

España ha declarado el estado de emergencia y ha reforzado el control de la frontera con el despliegue del Ejército, que se encuentra desbordado ante la magnitud de la llegada de inmigrantes. En el momento de redactar estas líneas, más de 40.000 personas han cruzado la frontera, una ciudad con apenas 80.000 personas, lo que da una idea de la dimensión de la crisis.

Lejos de mostrar unidad, los socios europeos responsabilizan a España de la política migratoria. Italia ha pedido el cierre de su frontera  con España dentro del  espacio Schengen, mientras que Francia sostiene que “no puede soportar las consecuencias de las políticas migratorias de sus vecinos”. La inmigración irregular no es solo un problema de España sino un desafío que afecta al conjunto de la Unión Europea y que exige una respuesta conjunta. Ningún Estado puede afrontar en solitario un fenómeno de esta magnitud, por lo que resulta imprescindible una política migratoria común que garantice el control de las fronteras exteriores de la Unión y una distribución equitativa de responsabilidades entre los Estados miembros.

He escuchado el testimonio de una mujer ceutí que confesaba ante las cámaras de televisión sentir auténtico pavor por lo que estaba viviendo. Mientras ella relataba su miedo, tras ella posaba un grupo de jóvenes magrebíes, sonriendo y celebrando haber cruzado la frontera. No tienen miedo a nada porque nada les puede pasar. El Tribunal Supremo ordenó que no se puede devolver en caliente a quienes entren a nado en Ceuta y Melilla.

España debe actuar con contundencia para defender a los ciudadanos ceutíes y melillenses, garantizar la integridad de sus fronteras y recuperar el control de una situación que no puedeprolongarse.  Al mismo tiempo, es imprescindible hacerlo dentro del Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, evitando que las mafias y quienes instrumentalizan los flujos migratorios sigan poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Proteger las fronteras del Estado es una obligación del Gobierno y una condición indispensable para preservar el orden, la seguridad y la convivencia.