No he escuchado a Compromís ni a su portavoz, Joan Baldoví, criticar la contratación como chófer de Ximo Puig del sobrino de Gabriela Bravo. Con la mujer de Pérez Llorca, en cambio,  les faltó tiempo para hacerlo.

En el caso de Ximo Puig, que tiene a su hermano imputado por el presunto cobro de comisiones irregulares durante el Gobierno del Botánic,  tampoco se cuestiona su condición  de ex presidente de la Generalitat, con todos los privilegios que ello conlleva,  como sí se ha hecho con Carlos Mazón.

Ximo Puig ejerce como embajador jefe de la Delegación Permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cargo diplomático para el que fue nombrado por el Consejo de Ministros en febrero de 2024.Además, como ex presidente de la Generalitat, dispone de chófer, coche oficial, despacho y seguridad personal. Lo mismo que Carlos Mazón y el resto de ex presidentes, salvo Joan Lerma que renunció a ellos.

¿Por qué a los ex presidentes, autonómicos como del Gobierno de España,  siguen disfrutando de determinadas prestaciones sufragadas con fondos públicos una vez que dejan el cargo?

Curiosamente, ni el PP ni el PSOE se ponen de acuerdo para abolir estos privilegios.

Compromís  ha cargado duramente contra el acuerdo entre PP y Vox  para elevar de uno a dos millones de euros, el mínimo exento en el impuesto sobre el Patrimonio, cuando durante el Gobierno del Botànic ese mínimo era de 500.000 euros, Vox ya incluía en su programa electoral la supresión de este impuesto, y Compromís  tampoco criticó que José Luis Rodríguez Zapatero decidiera bonificarlo al 100%, como hace la Comunidad de Madrid,  por considerarlo un impuesto injusto.

La izquierda, que en su momento respaldó la supresión de este impuesto por entender que grava dos veces el mismo patrimonio, ahora lo defiende y  considera injustificado cualquier intento de reducirlo o eliminarlo.

Si lo suprime la izquierda, se presenta como una medida para evitar la carga fiscal de las clases medias; pero si lo hace la derecha, entonces beneficia únicamente a los ricos.

Compromís que clama contra la corrupción sigue apoyando con sus votos al Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que hacen el resto de los socios.

Me pregunto qué ocurriría si, con un Gobierno del PP, el hermano y la esposa del presidente del Gobierno estuvieran investigados judicialmente, el fiscal general del Estado hubiera sido condenado y dos ex secretarios de Organización del partido se vieran implicados en presuntos casos de corrupción. Resulta difícil imaginar que Compromís, o cualquiera de los actuales socios del Gobierno, mantuviera entonces el mismo apoyo parlamentario.

Compromís, cuya cabeza de lista a la Alcaldía de Valencia es Mónica Oltra, afronta la campaña con una candidata que ha estado investigada judicialmente en relación con la gestión del caso de los abusos sexuales cometidos por su entonces marido contra una menor tutelada, cuando Oltra era la responsable de la Conselleria de Igualdad. Mónica Oltra ha sido imputada por la Audiencia Provincial de Valencia y pese a esa imputación, será la cabeza de cártel por la formación nacionalista valenciana. Oltra, que recientemente se reunió con Gabriel Rufián para explorarla posibilidad de unificar a las fuerzas de  izquierda bajo unas mismas siglas, afrontará la campaña bajo un calendario judicial incierto.