En el Gobierno nada parece tener consecuencias. Ni los 90 muertos tras el asalto a la valla de Ceuta, ni los 46 fallecidos en el accidente de Adamuz, ni tampoco los 10 que murieron durante el apagón, cuyas causas aún desconocemos. Por no citar la manifestación que tuvo lugar el 8M en plena pandemia y que, lejos de suspenderse, contó con el llamamiento a la participación por parte de dirigentes y figuras públicas.
Recuerdo especialmente unas declaraciones de Cristina Almeida en las que animaba a participar y afirmaba que el machismo era más peligroso que el coronavirus.
España acaba de vivir una crisis sin precedentes y, sin embargo, nadie en el Gobierno ha asumido responsabilidades. Ceuta fue escenario de la entrada de 90.000 personas en apenas 24 horas, lo que constituye una clara agresión contra la integridad territorial. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exculpa a Marruecos y dirige sus críticas a Italia por haber ordenado el cierre del espacio schengen con España y a la denominada “internacional reaccionaria”.
Para el jefe de la diplomacia española, que continúa en el cargo, pese a ser el peor ministro de la historia reciente de España, Marruecos, país que mantienen sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, sigue siendo un gran aliado de nuestro país.
El CNI había advertido semanas antes al Ministerio del Interior sobre la posibilidad de una posible invasión migratoria desde Marruecos. Esas advertencias señalaban que la amenaza era real y que ya estaba en marcha. Sin embargo, se hizo caso omiso de ellas, con el resultado de 90 fallecidos y el miedo sembrado entre muchos ciudadanos ceutíes.
La pregunta es inevitable. Si se contaba con esa información de los servicios de inteligencia españoles. ¿Por qué no se movilizó al Ejército desde el primer momento para reforzar la frontera con Ceuta y tratar de evitar aquella avalancha humana?