Mazón a presó

Una cosa son las responsabilidades políticas y otra, muy distinta, las responsabilidades penales. Las primeras las asumió, aunque demasiado tarde, cuando presentó su dimisión como presidente de la Generalitat por su nefasta gestión de la dana. Las responsabilidades penales, si las hubiera, corresponde dirimirlas a los tribunales de Justicia, no al PSPV ni a Compromís.

Carlos Mazón, a diferencia de Mónica Oltra, no está imputado. La dirigente de Compromís y candidata a la Alcaldía de Valencia por la formación valencianista está imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su entonces pareja contra una menor tutelada cuando Oltra era vicepresidente del Consell y consejera de Igualdad.

A Mazón se le atribuye responsabilidad política por la gestión de una tragedia que provocó la muerte de 237 personas. Casi dos años después, los valencianos seguimos sin saber dónde estuvo el presidente de la Generalitat en las horas más críticas de aquella jornada.

La pregunta es inevitable: si Mazón hubiera estado al frente de la Generalitat durante esas horas y la alerta se hubiera enviado en tiempo y forma, ¿se habrían evitado algunas de las víctimas?

Es una pregunta legítima, pero la respuesta no corresponde a una manifestación, a un partido político ni a la opinión pública. Corresponde, en su caso, a una investigación judicial que determine qué decisiones se tomaron, quién tenía competencias para tomarlas y si alguna de esas decisiones puede tener consecuencias penales.

Es evidente que la alerta llegó tarde, pero los medios de comunicación llevaban  horas informando de la gravedad de la situación. Por tanto, información había. Lo que quedó en evidencia fue una grave falta de coordinación entre las distintas administraciones y una cadena de decisiones que hoy sigue siendo objeto de debate.

Y aquí aparece otra cuestión que tampoco debería esquivarse: Si el presidente de la Generalitat  no fue capaz de asumir la gravedad de la situación y activar todos los mecanismos a su alcance, incluido el estado de emergencia, ¿por qué nadie más asumió el mando cuando la emergencia lo exigía?

Si realmente existía una situación de emergencia de tal magnitud, habrá que determinar también qué responsabilidad correspondía al Gobierno central y qué mecanismos tenía a su disposición para intervenir o asumir una mayor coordinación. Porque cuando hablamos de una tragedia de estas dimensiones, limitar el debate a una sola persona puede resultar tan cómodo como insuficiente.

Carlos Mazón tiene una responsabilidad política evidente. Otra cuestión muy distinta es determinar si tiene responsabilidad penal. Personalmente, no creo que deba confundirse una mala gestión, por grave que sea, con la comisión de un delito. Para establecer esa diferencia están los tribunales.

Lo mismo considero en el caso de Óscar Puente respecto al accidente ferroviario de Adamuz. Puede existir una responsabilidad política por la gestión de las infraestructuras ferroviarias y por las decisiones adoptadas desde el Ministerio, pero eso no significa automáticamente que exista una responsabilidad penal por las muertes ocurridas en el accidente. Y, en este caso, Puente tampoco ha asumido responsabilidad política

En todo caso, deben ser los tribunales de Justicia, y no la opinión pública ni mucho menos los partidos políticos, quienes determinen si hubo delitos y quién debe responder por ellos. No podemos convertir la protesta política en una sentencia judicial. Las manifestaciones pueden exigir dimisiones, responsabilidades políticas, explicaciones o cambios de gobierno. Lo que no pueden hacer es dictar condenas.

Bastante tenemos ya.