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Víctor Almonacid Lamelas

Secretario de Ayuntamiento (a mucha honra). Jurista docente, ponente, y escritor (que no “escribiente”). Deportista. Semiexperto en algunas cosas (Derecho público, gestión municipal, administración electrónica…) y aprendiz de todo lo demás. Analista sociopolítico independiente.

Sobre este blog de Nacional

Este es un espacio web donde regularmente comentamos nuestras impresiones sobre Derecho, política, economía, Administración, sociedad, cultura y deporte, siempre desde el punto de vista constructivo de los que tenemos la buena voluntad (con más o menos acierto) de mejorar las cosas. TW @nuevadmon


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  • 10
    Diciembre
    2019

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    Nacional Administración Pública Derecho

    Silencio administrativo: entre el estupor y la vergüenza ajena

    No hay institución del Derecho Público más irrespetuosa y desmoralizante para el sufrido ciudadano que el silencio administrativo. Dicha institución consiste en el reconocimiento de efectos jurídicos a la más fría de las situaciones: una solicitud legítima, presentada en tiempo y forma por una persona, es ignorada con desdén por la Administración a la que va dirigida (o al menos es ignorada durante un plazo superior al que tiene para resolver y notificar).

    A veces hablamos de buen gobierno… ¿Acaso no es una muestra clarísima de “mal gobierno” el dejar de contestar habitualmente las solicitudes de los ciudadanos ?

    El silencio administrativo es, en efecto, un ejemplo inequívoco del “vuelva usted mañana” (o nunca), del “no pregunte”, y del “no moleste”. Es una de las banderas de esa maraña burocrática que tanto odiamos y que denuncia perfectamente Sara Mesa en su magnífico libro que precisamente lleva por título “Silencio administrativo“. Luego, claro está, siempre se puede alegar que la regla general de la actual Ley de procedimiento es la del silencio positivo (la solicitud se entiende estimada ante la falta de resolución expresa), pero este silencio administrativo sigue siendo igualmente vergonzoso, ya que:

    • El silencio administrativo es, pese a todo, negativo, en no pocas ocasiones (ver art. 24.1 de la Ley de procedimiento).
    • Que la Administración no tenga la consideración de responder una solicitud de una persona supone en todo caso un desaire al ciudadano, aunque el silencio tenga efectos estimatorios en algunos casos.

    En definitiva, como afirma J.R. Chaves (quien ha dedicado varias entradas de su fantástico blog a analizar diversas cuestiones relativas al silencio administrativo), “queda claro que la administración no siempre que calla, otorga”. en esta ocasión añade:

    Además, y al margen de la mencionada Ley de procedimiento, el silencio es negativo siempre que lo establezca una Ley específica reguladora de un procedimiento concreto. Quizá el caso más sangrante de todos es el de la Ley de transparencia (la estatal), que permite entender desestimada una solicitud de acceso a la información si la Administración no se sirve contestar (ver art. 20.4 de la Ley). Bien es cierto que, en este caso, el hipotético silencio positivo no vendría acompañado de la información, pero sí del derecho a obtenerla y por ende a obtenerla en un momento posterior (con algunas excepciones en relación a los datos protegidos). Pero no deja de ser en todo caso sintomático que una Ley con tanto significado democrático como la de transparencia exhiba sin remilgos esta tara. El silencio es en cierto modo uno de los antónimos de la transparencia. ¿Cómo puede una Ley de transparencia “animar” a la Administración a no ser transparente?

    Un servidor, que tiene la oportunidad de hablar y colaborar con profesionales de lo público de este y otros países, se sonroja cuando algún compañero foráneo, especialmente del centro y el norte de Europa, me pregunta por esa extraña institución del silencio administrativo que aparece en la legislación española:

    En fin. Podría considerarse positivo (positivo de “bueno”, no de “silencio positivo”), comprobar en la evolución legal de la regulación del silencio que se produce, al menos se percibe ligeramente, una cierta tendencia a “castigar” a la Administración, muy tímidamente desde luego, en los casos de no contestación en plazo (ojo también, por cierto, a la evolución jurisprudencial, analizada aquí y aquí por el propio Chaves). Y no tanto por la regla del silencio positivo, muy matizada como apuntábamos, sino sobre todo por la posibilidad de recurrir en vía administrativa un acto presunto sin límite temporal (ver arts. 122 y 124 de la Ley de procedimiento), en comparación con el plazo para recurrir en alzada o reposición un acto expreso, que es simplemente de un mes.

    Sin embargo, lo que diga la Ley, aunque importante, no deja de ser la teoría. Lo que de verdad sería bueno es que la Administración en verdad fuera ágil, eficaz, eficiente, transparente y respetuosa con los derechos de las personas. Y una Administración que no contesta no cabe duda de que no lo es. Como colofón, partiendo del famoso proverbio judío sobre el silencio, podríamos alargarlo un poco más para advertir:

     

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