Nuestro país, por fin, cuenta con una serie de directrices que regulen el comportamiento de empresas y ciudadanos en lo referente al medioambiente. No obstante, muchos coinciden en que esta ley ha llegado varios años tarde, aunque también hay que resaltar que su aprobación ha sido de forma mayoritaria.

Un salto hacia la sostenibilidad

Esta nueva norma se articula sobre dos ejes fundamentales. Por un lado, descarbonizar la economía, es decir, producir solo los gases de efecto invernadero que se puedan absorber. Por otro, extender el uso de las energías renovables a toda la sociedad y también al sistema eléctrico. Además, se pone el foco en la movilidad y la rehabilitación de edificios.

Si ponemos cifras a los objetivos marcados por el ejecutivo, encontramos que se pretende disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23 % respecto a 1990. Del mismo modo, otro objetivo es aumentar el peso de las renovables en el consumo de energía hasta que alcance el 40 % (actualmente se sitúa en el 21,4 %). La intención es dar por cumplidas estas metas para 2030.

Desde el punto de vista organizativo, se crearán dos instituciones. Una de ellas, la denominada Asamblea Ciudadana para el Clima, busca la participación popular en la lucha contra el cambio climático. Por otro lado, se fundará un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, formado por especialistas independientes que emula al sistema empleado en el Reino Unido.

A su vez, la ley pone en el punto de mira en diversos sectores. Uno de ellos es el transporte, que será objeto de un proceso de renovación que culminará en 2050. En este mismo sentido, se instalarán más puntos de recarga de vehículos eléctricos y se crearán más "electrolineras".

La industria supuso un 21 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2019. A pesar del parón provocado durante el primer estado de alarma, los efectos positivos en la naturaleza no fueron tan positivos como se esperaba. El sector eléctrico y los combustibles fósiles son los sectores que están ahora en el foco.

Una novedad que introduce la medida legislativa está relacionada con la concienciación. De este modo, se informará a las empresas de los riesgos que sufren como consecuencia de los efectos que el cambio climático ya está ocasionando. Además, las grandes compañías deberán elaborar informes sobre su impacto climático.

Un futuro más ecológico

Estas son las líneas generales de la Ley del Cambio Climático. Pero ¿qué queda por delante? Además de la implantación de todas las regulaciones planteadas, la recuperación poscovid adquirirá tintes ecologistas, según la intención del ejecutivo. Todo esto continúa las directrices de la Unión Europea, que estableció la condición de que cada país destine el 30 % de sus fondos a la transición ecológica.

Durante los próximos años y con un horizonte temporal bastante amplio (hasta 2050), el Ministerio para la Transición Ecológica deberá catalogar toda la infraestructura verde de nuestro país. Para ello, se identificará toda la biodiversidad presente en ecosistemas terrestres y marinos y se elaborarán medidas específicas de protección.

¿Y en qué circunstancias se ha aprobado esta norma? Si dirigimos la mirada hacia nuestro planeta, encontramos que el cambio climático no ha esperado a que los países aprueben las medidas para actuar con dureza. Como antecedentes, tenemos el Acuerdo de París de 2015 y la COP25, que se celebró en suelo español y acabó con tímidas iniciativas.

Según Naciones Unidas, la temperatura media global ya ha subido 1,09 ºC si la comparamos con el siglo XIX. Además, la tasa de aumento del nivel del mar se ha triplicado respecto al periodo 1901-1971. Todo forma parte del estudio más completo jamás realizado sobre este tema, que ha motivado al Secretario General, António Guterres, a referirlo como "una alerta roja para la humanidad".

Al hablar de la nueva ley climática, también es importante escuchar a los expertos. La opinión general entre las organizaciones medioambientales de nuestro país es que con esta ley se cumple "una reivindicación histórica del movimiento ecologista", según WWF España. En cambio, Greepeace ha criticado que sea "mucho más débil de lo que sería necesario".

En cualquier caso, se trata del primer paso oficial que afronta nuestro país para consolidar su lucha contra el cambio climático. Como afirma el propio ejecutivo, es una herramienta para hacer frente al reto que la generación actual tiene por delante. Unos la celebran y otros la tildan de poco ambiciosa, pero las medidas ya están sobre la mesa.