El Gobierno ha puesto en marcha la reforma legal que permitirá los despidos colectivos del personal laboral fijo de las administraciones públicas, tal como ayer desveló Levante-EMV. En la Comunitat Valenciana, 26.000 empleados €que se elevan a más de 800.000 en toda España€ pueden verse afectados por la nueva norma que viene a introducir un importante factor de incertidumbre en un colectivo que hasta ahora se había visto afectado por la congelación o reducción de sus salarios pero que no temía por el futuro de su trabajo. Sin embargo, la norma que ha preparado el Ejecutivo de Mariano Rajoy establece las causas por las que podrá procederse a ERE en autonomías, diputaciones, ayuntamientos y empresas con más del 50 % de capital público. Este proyecto se conoce pocos días después de que el presidente de la patronal autonómica Cierval reclamara igualdad de condiciones entre los empleados públicos y los del sector privado, llegando a aludir a un supuesto «sistema de castas» que otorga privilegios a los primeros. Sin embargo, tanto el Gobierno como José Vicente González obvian el hecho de que los trabajadores de la Administración acceden a su empleo tras un proceso de selección de concurrencia pública, a diferencia de lo que sucede en las empresas privadas. Ésa es precisamente una de las principales advertencias que hacen los sindicatos hacen sobre el proyecto. El necesario adelgazamiento del sector público hace inevitables algunas reformas legales, pero también deben garantizar la tutela efectiva de los derechos de todos los trabajadores.
