Es posible que la publicación de los documentos de Wikileaks pueda hacer daño a la seguridad nacional estadounidense, pero si Assange es o no culpable no está claro aún. El derecho de la Prensa de publicar documentos siempre, historicamente, ha sido protegido mediante la Primera Enmienda de la Constitución de EE UU. Siempre que dichos documentos sean verídicos.
Naturalmente, el Gobierno se opone a la publicación de «material clasificado», pero los autores de la Constitución entendieron de sobra que permitir al Gobierno decidir lo que debe ser publicado, y no a la Prensa, no era una buena idea en una democracia.
