En la información publicada en Levante-EMV el lunes 12 de julio de 2015 con el titulo «La música electrónica ´toma´ El Grau» se recoge una declaración del presidente de la Asociación de Vecinos del Grau que debemos lamentar todos los valencianos, vivamos en el municipio que vivamos. Por lo que dice, las molestias provocadas por el Festival Mare Nostrum son graves y la solución que han aportado los vecinos que pueden, incluido el presidente según propia confesión, es la huida de sus casas durante los dos días que dura el evento.

Creo que la solución es totalmente la contraria. La asociación debería haber contratado la medición de los niveles acústicos a una empresa homologada para demostrar el exceso de decibelios. Y a continuación, interponer en el juzgado un procedimiento contra los organizadores y contra el Ayuntamiento por autorizarlo. Estamos hasta las narices de que los municipios sean islas de legalidad que convierten a la policía local o a los políticos en entes que están por encima de la ley, dando permisos para su incumplimiento. En este caso, está claro que se trata del incumplimiento de la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana sobre contaminación acústica. Y, si es el caso, añádase al procedimiento administrativo, el penal por los perjuicios que a la intimidad de los hogares y a la salud se provocan con estos eventos cuando se realizan junto a zonas habitadas.

La jurisprudencia reconoce que el derecho al descanso está por encima del derecho al ocio y desde luego, estamos hasta las narices de que se nos reviente a los ciudadanos bajo el argumento de que debemos aguantar lo que nos perjudica porque es que «crea empleo». Miguel Ángel Pons. Benetússer.