El FinCen, unidad antiblanqueo, acusó hará un año al Banco Privado de Andorra (BPA), matriz del Banco de Madrid, de lavado de dinero. Entre esos lavadores figuraban dirigentes bolivarianos provocando, con la genuflexión rajoyana ante EE UU, la iniciación por el Banco de España de la intervención de aquella entidad. El ministro Guindos transformó ese procedimiento en liquidación concursal equivalente a una aniquilación, con la pérdida de empleo para más de 500 empleados y quebrantos de todo tipo, difíciles de cuantificar, a sus más de 15.000 clientes.

Pasó desapercibido el fin de este procedimiento concursal, con 43 millones de superávit, sin ningún blanqueador y sin ninguna otra mácula como las que tienen los grandes bancos (preferentes, desahucios, clausula suelo, comisiones desorbitadas, rescates, etcétera). Sin olvidar tampoco que sus ratios de solvencia y liquidez eran mucho mayores que los de la gran banca a la que ya les estaba haciendo algo de sombra.

El FinCen, competentemente incompetente, ha reconocido que no hubo ningún blanqueo de dinero y por lo tanto ha levantado el veto a dicho banco andorrano. ¿Y ahora qué? O no dirán o harán nada, o en todo caso que es un gobierno que está en funciones y no puede hacer más que las cuestiones de trámite. A lo mejor es cuestión de trámites prolongar 60 años la concesión a Ence que ha determinado la declaración de Rajoy como persona non grata en Pontevedra. Resulta estremecedor pensar que a la devastación de los cuatro años del rajoyato, puedan irse uniendo asuntos como este de Pontevedra, hasta que haya nuevo gobierno con o sin nuevas elecciones.

Y para mejorar lo del Banco Madrid y del de Andorra, un experto en estos temas bancarios, W. Byrnes, decano de la Facultad de Derecho de Texas, ha expresado lo aberrante de esa actuación y que además no se practique con los grandes bancos. Rafael Arnanz. Valencia.