Tengo 61 años y soy un funcionario interino con más de 31 añosde trabajo como profesor de Educación Secundaria. En mi larga experiencia profesional, con una trayectoria intachable, he recorrido más de 15 centros educativos distintos de la Comunitat Valenciana. Tanto yo como los que están en mi misma situación, hemos desarrollado nuestro trabajo a pesar de las trabas e incertidumbres continuas, siempre con la espada de Damocles sobre nuestras cabezas: hemos carecido de estabilidad profesional; hemos sufrido los peores horarios, la incertidumbre de los destinos que cada año se nos han adjudicado, sin reconocimiento de nuestros sexenios; en definitiva, no hemos gozado de los derechos de otros trabajadores similares a nosotros.

En Valencia, cuando se nos contrató, hace años, no se nos exigía el requisito lingüístico. Pero ahora las leyes han cambiado y los gobiernos progresistas plantean otros requisitos, como el Certificat de capacitació, para seguir realizando nuestra labor educativa. Desde mi militancia en los años de la dictadura en un partido democrático, siempre he pensado que la izquierda ha tenido y tiene más sensibilidad social para proteger al pueblo y a los más desfavorecidos. Y, sobre todo, para no generalizar a la hora de legislar en temas tan importantes como la educación. Creo que, como dice l´Estatut d´Autonomia de 1982, hay particularidades lingüísticas de las zonas castellano-parlantes que se deben tener en cuenta, porque son especificidades personales, sociales y profesionales, que ayudan a estudiar las situación de los trabajadores y a engrandecer a los pueblos. En mi caso personal, la labor educativa la realizo en zonas castellano-parlantes y mi residencia está en Requena.

Somos más de 1.300 profesores de los que dependen muchas familias. Hemos sido válidos y necesarios para el trabajo educacional durante muchos años y lo hemos hecho con entrega y con pasión, sin tener en cuenta las condiciones adversas en que muchas veces nos hemos encontrado y que han influido en la conciliación familiar, personal y profesional. La mayoría de todos nosotros tenemos más de 50 años, un futuro incierto y, en este momento, una inestabilidad económica y emocional que nos afecta a nosotros y a nuestras familias, ya que será muy difícil encontrar otro trabajo.

Nos parece injusta esta discriminación por no tener la capacitación, ya que en nuestra propia Constitución y en la Declaración de los Derechos Humanos se dice que «ninguna persona podrá ser discriminada por razón de idioma». Los mejores profesores no sólo son los que saben valenciano, son los que aman su profesión. Por tanto, le ruego encarecidamente al conseller Marzá que reconsidere una propuesta que tanto daño nos puede hacer a aquellos que, por más que lo hemos intentado, no hemos sido capaces de superar un examen de tan alto nivel. Vicente Jover Robles. Requena.