No quiero que mi padre muera a 450 kilómetros de su familia. No quiero que pase sus últimos años de vida lejos de sus hijos y nietos. Lleva ingresado en una residencia pública de Torrevieja casi nueve meses, incapacitado judicialmente debido al alzheimer, sin que su tutor, la Generalitat Valenciana, apoye un traslado a la Comunidad de Madrid.

Él desconoce que ni la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ni los responsables de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y de la Comisión de Tutelas, ni el Sindic de Greuges, ni el Defensor del Pueblo apoyan este traslado para favorecer su arraigo social y familiar, como es una de las principales obligaciones del tutor, según recoge el Código Civil o el artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó en 2011. ¿Falta de humanidad? ¿Tal vez, ausencia de la más mínima empatía o sensibilidad? Dicen que la ley es la ley. Y yo me pregunto: ¿No habría que cambiar la ley para evitar algo tan inhumano e indigno como separar a un mayor de 90 años, enfermo de alzheimer, de unos familiares directos que en ningún momento le abandonaron (por si alguien piensa lo contrario)?

Él desconoce que su caso no interesa a los grandes medios de comunicación del país que le vio nacer, salvo unos pocos, que se pueden contar con los dedos de una mano. La actualidad informativa, la urgencia mediática de estos tiempos convulsos que vive España le esquiva. También desconoce que apenas un millar de personas apoyan su traslado en una conocida plataforma ciudadana. No tenía Twitter; me uní a esta red con el fin de lograr el apoyo que no conseguía encontrar. Craso error. Su situación no interesa tampoco a los grandes tuiteros que reinan en internet. Yo, sin embargo, soy consciente de todo eso, y me querría cambiar de país. Pero no lo hago porque aún vives y no pierdo la esperanza.Juan Carlos Herraiz Moreno. Madrid.