Llevamos varios años observando que en los hospitales hay una mala organización y un problema económico para poder atender al colectivo de enfermos que acude a los mismos. Se observa que falta personal, material farmacéutico, camas... hay retraso en las pruebas médicas y, sobre todo, falta formación en determinados colectivos de enfermos crónicos. Todo ello repercute en los ciudadanos. En la Constitución está recogido el derecho a una sanidad pública competente, organizada y con tratamientos. Por ello, los políticos tendrán que tomar cartas en el asunto y hacer una evaluación de cada uno de los hospitales para valorar su grado de satisfacción a los ciudadanos. Marcos Amo Santamaría. Ontinyent.
