Quiero comentar un caso que, al parecer, les ha ocurrido a bastantes ciudadanos de la capital del Turia. Un trabajador autónomo se ve obligado a soportar una carga de gastos muy elevada, la mayoría de los cuales deriva de las cuotas de la Seguridad Social, tema de rabiosa actualidad. Sin embargo, no voy a hablar de este caso en esta ocasión, sino de los gastos que tienen que sobrellevar para darse a conocer y conseguir una buena cartera de clientes, por no hablar de los gastos de formación para desarrollar bien su trabajo. Pues bien, desde hace unos años, hay una ayuda municipal que subvenciona este tipo de gastos hasta 5000 euros llamada Ajudes Municipals València Activa Impuls Econòmic.

Acaba de publicarse la resolución de la ayuda y no se ha concedido a aquellos expedientes que no estaban completos. Según la convocatoria, «sólo existe derecho a subsanación de errores siempre que no se acabe el crédito». Es decir, se da el crédito a aquellos que envían toda la documentación sin revisar todos los expedientes porque se premia a aquellos que envían antes la información en vez de hacer un estudio de todos los expedientes y sopesar quienes necesitan ese soporte económico. Pondré un ejemplo: imaginen el caso de un autónomo que gastó 4000 euros en un máster y 1000 en publicidad, pero resulta que debido a la carga de trabajo o a algún problema personal, olvidó adjuntar el certificado censal o el DNI. Esta persona no tendrá derecho a recibir esta ayuda pública. Me he puesto en contacto con València Activa para intentar entender la razón de este procedimiento y la respuesta ha sido: «se hace así para agilizar el tramite y dar el dinero lo antes posible». Mi pregunta es, ¿no hay medios para comunicarse a los solicitantes de estas ayudas con tan sólo 331 expedientes? ¿No hay medios para que en dos meses no haya tiempo de revisar siete expedientes al día y ponerse en contacto con ellos?

Teniendo en cuenta esta situación no cabe sino denunciar la injusticia y alzar la voz por aquellos que tienen que resignarse a la frustración de una burocracia y unos procedimientos que parecen diseñados para torturar psicológicamente a los solicitantes o bien para dar de comer a funcionarios que, al menos en este caso, responden de mala gana y con actitudes chulescas. Sin duda, esta y similares situaciones deberían ser subsanadas por un consistorio que parece no ser capaz de controlar la eficiencia y la productividad de sus trabajadores.